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1˚ DE MAYO: TRABAJADORES ENTRE LAS 40 HORAS Y UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO


Autor: REVISTA CONFRONTACIONES


Este 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo, viene con una serie de desafíos para la clase trabajadora chilena.

Finalmente se ha aprobado y promulgado por el gobierno la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Se trata de una buena noticia para la gran mayoría de los trabajadores. No obstante, no debe tomarse con desmedido exitismo ya que la patronal siempre puede aprovechar estas nuevas realidades para apretar las clavijas de la explotación. En este sentido, resulta fundamental el rol vigilante de las organizaciones de lucha y defensa de los trabajadores.

La reducción de la jornada laboral es una reivindicación histórica de los trabajadores en todo el mundo. Si bien no elimina la explotación, mitiga algunos de sus efectos más nocivos. Es un avance civilizatorio que permite no solo un descanso adecuado para los trabajadores, lo que mejora sus estándares de salud –física y mental–, sino también de disponer de tiempo libre para sí mismos. Este último fundamental para acceder a un mayor desarrollo social y cultural, y educarse políticamente, sin lo cual la organización y la lucha por sus intereses resultan significativamente más difíciles.

No obstante el avance que la ley representa, varias organizaciones han advertido de una serie de deficiencias y riesgos para los trabajadores. En primer lugar, se sigue asumiendo una idea errada de equilibrios de fuerzas entre trabajadores y patrones. Así, vía “negociación” con la patronal, la nueva legislación abre la posibilidad que la jornada semanal supere las 40 horas, ya que lo que se considera es un promedio de 4 semanas. A esto se suma la posibilidad de extender el tiempo de permanencia en el lugar de trabajo a través del quiebre de la jornada, con una ventana de hasta 4 horas. Finalmente, su implementación es gradual, estando recién en plena vigencia en 2028

En síntesis, si bien es una buena noticia para la clase trabajadora, esta no debe llevar a derramar lágrimas de cocodrilo de alegría como las de la ministra Vallejo (PC). Es infundado pensar que la suerte de la clase trabajadora vaya a cambiar sustancialmente con esta ley. La misma realidad capitalista se encarga de erosionar cualquier conquista parcial. Y esto con mayor razón en las condiciones del capitalismo criollo, en que priman el bajo poder de negociación de los sindicatos, un limitado derecho a huelga, importantes tasas de informalidad, salarios bajos y a la baja, una permanente amenaza de desempleo, entre otras. Todos estos elementos empujan a los trabajadores a buscar segundas fuentes laborales para complementar sus exiguos ingresos, que dejan finalmente en letra muerta la reducción legal de la jornada laboral.

En el plano político, el próximo 7 de mayo tendrá lugar la elección de los miembros del Consejo Constitucional, instancia encargada de deliberar sobre la propuesta de nuevo texto constitucional elaborada por la comisión de expertos designada por el Congreso.

A este nuevo proceso se llega después del estrepitoso y bochornoso fracaso del pasado 4 de septiembre, que ha sumido a las masas trabajadoras en la desmoralización y desinterés por la suerte del cambio de la actual Constitución; lo cual, por lo demás, resulta perfectamente entendible. En efecto, fueron los partidos del Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista), junto a los denominados “movimientos sociales” que orbitan a su alrededor, los que sumieron todo el proceso anterior en un carnaval de ridículas posturas de superficial radicalismo y performáticas acciones de protesta. El resultado no podía ser sino un texto sin mayor sentido para la amplia masa trabajadora, ya que no era más que un decálogo incoherente de las más estrambóticas reivindicaciones identitarias. Bien intencionadas muchas de ellas, sin duda, pero demagógicas al final del día, que llevaron a las clases populares a darle mayoritariamente la espalda a la propuesta.

Hasta el día de hoy, el progresismo de nuevo cuño carece de una explicación coherente de la derrota sufrida en el plebiscito. Culpa principalmente al poder de los medios de comunicación de la “elite”, la que, aprovechándose de la ignorancia del pueblo, hizo que este fuera incapaz de entender las geniales ideas de sus papers y tesis posdoctorales. Pero lo cierto es que fueron sus representantes (Bassa, Loncon, Barraza, Atria, Carrillo, etc.) los artífices y únicos responsables políticos de haber desperdiciado de la forma más vergonzosa posible una inmejorable oportunidad democratizadora, al contar con una receptividad no vista desde el plebiscito del 88’ en importantes segmentos de la población trabajadora.

La demagogia, especialmente cuando se viste de defensora de los trabajadores, es la peor enemiga para la educación política de estos. Los intoxica con ilusiones inalcanzables bajo la cruda realidad social del capitalismo, y a la vuelta de la esquina los sume en una profunda desmoralización producto de su abrupto fin. Esto se evidencia en el nuevo cuadro político que se ha configurado post plebiscito. Si ayer había sectores trabajadores bajo el influjo de la fervorosa demagogia pequeñoburguesa, el estado de ánimo hoy ha girado en 180 grados, caracterizado por un profundo desinterés frente al nuevo proceso constitucional. De hecho, la agenda política toda ha dado peligrosamente un vuelco hacia los problemas de seguridad y control del orden público, tras la cual se han alineado todos los partidos políticos, incluido –vergonzosamente– el Partido Comunista. Ni rastro queda hoy de las supuestas “demandas de octubre” (plurinacionalidad, derechos sociales, dignidad, etc.) en las campañas de los candidatos oficialistas al Consejo Constitucional.

Este estado de ánimo es lamentable frente a un proceso de especial trascendencia política. Si bien una Constitución no cambia la posición de los trabajadores en la actual sociedad (seguirán siendo explotados), ni la naturaleza burguesa del poder político del Estado (la burguesía seguirá siendo la clase dominante en base a la propiedad privada de los medios de producción), si define una serie de elementos del ordenamiento jurídico-político especialmente relevantes para los trabajadores y sus intereses. En una Constitución se definen, por ejemplo, entre otras cosas, la ciudadanía y sus alcances, garantías personales, entre las que figuran el derecho a expresión y reunión, y las instituciones que los resguardan. Tan importantes resultan estos elementos, que allí en los países de la región donde el ordenamiento democrático burgués se ha diluido (Nicaragua y Venezuela) ha sido la clase trabajadora la que primero y de forma más dura ha sufrido las consecuencias, tanto en lo material como en lo político.

Bajo este escenario, optar por tal o cual candidato de la amplia y variopinta gama ofrecida por los partidos burgueses para las próximas elecciones del 7 de mayo resulta secundario para los trabajadores. Aquí la cuestión es, sin subirse al carro de ninguna de las opciones de los partidos burgueses ni de las ilusiones que estos intentarán vender, no dejarse sumir en la apatía por los destinos del proceso de reforma constitucional. Es cierto que en lo inmediato la clase trabajadora no posee una organización política que aglutine sus intereses y que le permita intervenir con programa propio en la elección. De ahí que cobren especial relevancia las organizaciones básicas de defensa (sindicatos) y espacios diarios de reunión (juntas de vecino, clubes deportivos, barrio, etc.) para mantenerse atenta y vigilante de los destinos políticos del país.




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