Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
La necesidad de que el pueblo vuelva a las calles y exprese su apoyo masivo a los cambios estructurales que se proyectan desde la Convención Constitucional que elabora la nueva Constitución está a la vista, en momentos en que la oligarquía a través de sus múltiples instancias pretende su fracaso e invalidación para mantener la vigencia de la Carta Magna pinochetista promulgada en dictadura y bajo terrorismo de Estado.
En esta etapa crucial en que la Convención debe consagrar las profundas transformaciones demandadas por el estallido social, hace falta la presencia de las muchedumbres para sobreponerse a las posiciones conservadoras de una minoría reaccionaria – con serviles, ingenuos y desubicados a su disposición – que está en una ofensiva que busca que en la hora decisiva las expectativas populares queden en nada.
A los sostenidos ataques anti transformaciones se han sumado los viejos estandartes de la desaparecida Concertación neoliberal – todos de la “centro izquierda” – con el nombre de Amarillos por Chile, siempre sumisos al modelo de la derecha y que fracasaron en los sucesivos gobiernos de la postdictadura durante 30 años, que no tienen nada que ver con la “euforia refundacional” y que no quieren cambios de ninguna naturaleza: ellos están cómodos, llevan una vida plácida, con buenas jubilaciones y buenos pitutos, lo que no ocurre precisamente con las mayorías.
La Convención ha avanzado en materias fundamentales como reformas al Estado, autonomía de las regiones, acceso al agua como derecho humano, modificaciones al sistema judicial y otras, incorporando una serie de iniciativas populares en condiciones de entrar también al nuevo texto constitucional.
Resalta entre todas la propuesta que apunta a la estatización de la gran minería privada, la que obtiene fabulosas e impúdicas ganancias con la explotación de valiosos recursos naturales, principalmente el cobre, el litio y el oro, que en realidad pertenecen a todos los chilenos. Dicha propuesta es la más relevante conocida en el país en casi medio siglo.
La idea impulsada desde Pueblo Constituyente establece nacionalizar empresas de explotación y exportación de bienes estratégicos, precisando que pasarán a dominio chileno todos los bienes de esas empresas y de sus filiales relacionadas con esa actividad en territorio nacional. Las concesiones mineras constituidas a través de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la estatización.
Esta iniciativa, aprobada en la comisión de medio ambiente de la Convención, es concordante con la histórica nacionalización del cobre concretada durante el gobierno del presidente Salvador Allende en 1971 (11 de julio, día de la dignidad nacional). Al terminar con el control de grandes compañías norteamericanas sobre el metal rojo, el mandatario socialista daba una clara señal de soberanía nacional y su determinación de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora.
También cambiarían hoy significativamente las políticas públicas y los niveles de bienestar, el acceso a los derechos sociales y las expectativas futuras de millones de familias si el cobre vuelve a quedar bajo tuición del Estado de Chile y no se sigue regalando irresponsablemente. Esta es una bandera de lucha del pueblo, que esperaba una ocasión como esta: el cobre es chileno.
En época todavía neoliberal la estatización de los invaluables recursos naturales del país no estaban en los cálculos mezquinos de las transnacionales y de los organismos empresariales que les secundan en su explotación y obtención de inimaginables ganancias. Por ello su reacción ha sido de furia y de histeria, victimizándose desde ya ante los anuncios que surjan de la Convención.
Los dueños del dinero que están en el Consejo Minero y en la Sociedad Nacional de Minería han pensado de inmediato que las inversiones efectuadas no darán los resultados esperados, lo que los descompone. Ni por un segundo les viene a la mente que una propuesta como ésta significarían otro Chile y otras condiciones para sus millones de habitantes.
El actual ministro de Economía del gobierno piñerista, un funcionario de derecha de apellido Palacios, se sumó al coro empresarial y se manifestó igualmente contrario a la iniciativa. La calificó de “naftalínica” y “trasnochada”, porque no responde a las inversiones realizadas por los poderosos. Se abstuvo de opinar sobre los beneficios que habría para el pueblo.
La derecha y la minoría ricachona que se apoderó del país no quieren entender que las movilizaciones populares desde octubre de 2019 en adelante han sido para llevar a cabo transformaciones radicales a través de una nueva Constitución, una democracia plena y el término de los abusos y las desigualdades, pretendiendo por el contrario que todo siga tal cual. Las multitudes otra vez en las calles seguramente les aclararían el panorama.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
