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BOLIVIA: A UN AÑO DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Autora: ESTEFANÍA PRADO GONZÁLES


El 18 de octubre de 2020, el izquierdista Luis Arce Catacora ganaba las elecciones nacionales con el 55% de apoyo en las urnas, cifra superior incluso al apoyo que recibió Evo Morales cuando ganó por primera vez el año 2005. Concluía así en Bolivia, con la derrota coyuntural de las fuerzas de derecha, el régimen instaurado con el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.

¿A qué se debió semejante triunfo? Al enorme desgaste de los golpistas, producido por su incapacidad para gobernar, por la corrupción y la represión luego del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Los movimientos sociales campesinos, obreros y populares fueron los que con sus movilizaciones (especialmente con el bloqueo general de caminos y calles de agosto de 2020) aseguraron la realización de nuevas elecciones. El Movimiento al Socialismo (MAS), organización de la que es fundador Evo Morales y militante Arce Catacora, actuaba como el instrumento político de esos movimientos sociales.

Una vez que Arce asume la presidencia tenía ante sí tres grandes desafíos: 1) Hacer justicia por las masacres (así definidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de noviembre del 2019 en las localidades de Sacaba y Senkata, donde murieron 40 personas, todas ellas indígenas quechuas y aymaras, en operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército. 2) Controlar la pandemia del Covid 19, y 3) Recuperar la economía, luego de la caída en casi el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el año del régimen de facto de Jeanine Añez, en lo que fue el peor resultado económico para Bolivia desde hace cuarenta años. Esta caída no sólo fue por la pandemia, sino por efecto de los paros cívico-regionales previos al golpe de noviembre del 2019, y por la pésima administración macroeconómica realizada por los golpistas.

A modo de balance del primer año de gobierno popular, se puede decir que se ha podido controlar adecuadamente el tema de salud y el tema económico. En salud, se han logrado importantes avances en la vacunación de la población boliviana (12 millones de habitantes en total), evitando los rebrotes contagiosos y garantizando provisión de vacunas en dos dosis para la totalidad de la población. En el tema económico, siendo Luis Arce uno de los artífices del modelo económico social comunitario boliviano como ministro de economía durante las anteriores gestiones de gobierno del MAS, ha podido controlar la caída del PIB reactivando la economía, ha mantenido la fortaleza de la moneda boliviana sin devaluaciones y ha mantenido la tasa de inflación bajo control. Los niveles de desempleo, que subieron hasta el 8% de la Población Económicamente Activa (PEA) cuando gobernaban los golpistas, ahora han bajado al 4,48% (la tasa más baja de toda Latinoamérica), aunque estructuralmente persiste el subempleo y el empleo informal.

En lo que el gobierno de Luis Arce no ha avanzado suficientemente rápido es en la agenda de Justicia, la cual pasa por enjuiciar a los golpistas, no sólo a Jeanine Añez que está con detención preventiva desde hace cinco meses, sino a todos los golpistas de noviembre de 2019. Me refiero a Carlos Mesa (político neoliberal, líder de la oposición que convocó a las movilizaciones violentas el 2019), Luis Fernando Camacho (dirigente cívico que dirigió a los grupos paramilitares fascistas como la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Kochala), o Jorge Quiroga Ramírez (ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer y posteriormente su sucesor en la presidencia el 2001, que se encargó de realizar toda la operación política para el derrocamiento de Evo Morales).

El problema es aún mayor, porque no solamente no se enjuició a estos copartícipes del golpe, sino que desde el Ministerio de Justicia (cuyo titular, Iván Lima, es miembro del Opus Dei, la prelatura más conservadora de la iglesia católica) no se hizo nada para impedir las antidemocráticas candidaturas, en las elecciones subnacionales de marzo de 2021, del propio Camacho, de Manfred Reyes Villa (ex militar, edecán del dictador Luis García Meza, que estuvo en el operativo conocido como la “masacre de la calle Harrington” en enero de 1981, en el que murieron 7 dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, posteriormente ya como dirigente político cogobernó con Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002-2003), y de Iván Arias (ex ministro del gobierno de facto de Jeanine Añez).

Por esa penosa negligencia del gobierno, hoy Camacho es gobernador de Santa Cruz (el departamento más extenso en territorio, con mayor población y más fuerte económicamente de Bolivia), Reyes Villa es alcalde de Cochabamba (ubicada en el centro de Bolivia, la tercera ciudad más poblada) e Iván Arias es alcalde de La Paz (la ciudad sede de gobierno y la segunda más poblada de Bolivia). Estos tres lugares conforman el eje central que va del oriente hasta el occidente del país.

En otras palabras, la oposición más reaccionaria en el espectro político tiene el control de las mayores urbes de Bolivia. Por esto afirmo que el gobierno del MAS ha cometido un error estratégico al no haber enjuiciado rápidamente a estos autores del golpe de Estado, neutralizando así cualquier posibilidad de un nuevo proceso de desestabilización antidemocrática, esta vez contra el gobierno de Luis Arce. Lo mismo podemos decir de los mandos policiales y militares que fueron parte del golpe, ya que a más de algunos uniformados que fueron dados de baja, la gran mayoría de los sediciosos no fueron procesados.

Esta situación de impunidad explica, además de las actitudes amenazantes de la policía contra manifestaciones de apoyo al gobierno del MAS, la rápida rearticulación de las fuerzas políticas cívicas derechistas, que esta semana intentaron realizar un paro nacional en el país, con el pretexto de oponerse a un proyecto de “Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, que está siendo profusamente difundido por los medios de comunicación, o en los calles mediante la distribución de cuartillas, o a través de las congregaciones religiosas, especialmente evangélicas, con la característica que es propia de una campaña de desprestigio: una narrativa mentirosa y engañosa sobre los alcances de la ley y las motivaciones gubernamentales al intentar aprobarla.

Con el primer paro cívico de este lunes 11 de octubre, las fuerzas políticas de oposición todavía no alcanzaron su objetivo de suspender las actividades en todo el país, pero sí pudieron paralizar el aparato productivo de Santa Cruz (el más grande de Bolivia) y parcialmente el de Cochabamba. No se debe subestimar su fuerza, pues uno de los errores del 2019 fue que el gobierno de Evo Morales no calculó adecuadamente el peligro golpista, sino hasta que fue muy tarde para detenerlo.

La experiencia de ese golpe de Estado hace que hoy las organizaciones populares, los movimientos sociales de Bolivia, no estén a la espera de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Confían en sus propias fuerzas y en su convocatoria, tal como demostraron el día martes 12 de octubre con multitudinarias movilizaciones en varias ciudades del país, en lo que se denominó el “Wiphalazo”. Este curioso denominativo de la movilización proviene de la Wiphala, una bandera con forma de cuadrado multicolor de las nacionalidades indígenas y originarias, cuyos orígenes son anteriores a la fundación de la República de Bolivia en 1825. En la nueva Constitución Política del Estado del año 2009 la wiphala fue elevada a categoría de emblema nacional, junto a la bandera tricolor (rojo, amarillo y verde).

Hace unas semanas, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho no permitió que dicha bandera flameara en la plaza principal de la capital cruceña. Esta afrenta recordó la quema de wiphalas durante el golpe de Estado del 2019, razón por la que se convirtió en un factor movilizador de multitudes en Bolivia el 12 de octubre.

Pero semejante demostración de fuerza en las calles no ha sido adecuadamente entendida por el gobierno del MAS, que decidió en forma apresurada y unilateral ceder a la presión cívico-derechista retirando del Legislativo el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La situación del proceso boliviano en este momento es de confrontación, existiendo una pulseada política y social permanente entre el gobierno y la oposición. Esta confrontación ya ha llegado a las calles, que fueron de dominio del MAS por años, pero que el 2019 pasaron a ser disputadas por las fuerzas de oposición. Con la lección aprendida durante el golpe de ese año, es muy riesgoso que los movimientos sociales indígenas, obreros y populares, así como el gobierno, pierdan la iniciativa estratégica en la consolidación democrática y en la profundización de las transformaciones sociales y económicas. Sólo se puede avanzar en los cambios aplicando una estrategia de doble poder transformador, vale decir reforzándose mutuamente entre la base social movilizada y el gobierno del MAS.




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