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CARABINERO ASESINADO: ¿QUIÉNES NO HACEN LA PEGA?

Autor: RICARDO CANDIA CARES


Un carabinero es asesinado por un delincuente armado. Las explicaciones fachas, irresponsables y tendenciosas repiten que los funcionarios no tienen atribuciones, que temen ser objeto de represalias, que los tribunales perseguirán al policía que balee a un delincuente, que la institución no tiene respaldo político.

Esas explicaciones tienden a encubrir la reales razones por las cuales un delincuente armado dispara así nomás, y mata a alguien

En primer lugar, el hecho de que haya delincuentes armados tal como es posible ver en las noticias y a juzgar por los baleos que usted escucha desde su casa, en su barrio, en sus calles y que ve profusamente en el noticiario de las nueve, no tiene que ver con el gobierno de Gabriel Boric.

Ni con usted ni con ningún habitante honesto y tranquilo de este país.

El aumento explosivo de la delincuencia tiene como referencia inmediata un país en que ésta pasó a ser cosa diaria entre los políticos que dirigen el país y entre los altos y medios mandos de las instituciones que el Estado financia para garantizar su seguridad y, a renglón seguido, por los grandes empresarios que se coluden para robar a la gente pobre en todo aquello que se venda en el supermercado.

Cada uno de esos sujetos, puntuales adoradores de Jesús suplicante, la Virgen maría inmaculada y Dios omnipotente, componen esa lacra llamada delincuentes de cuello y corbata. Y no pasan un día sin pronunciar las palabras patria y libre mercado.

¿Acaso no es un delincuente aquel excomandante en jefe o Director General que defraudó a su aguerrida y heroica institución en cantidades que superan al Robo del Siglo, en cualquiera de sus versiones?

Luego, viene el desatino de Sebastián Piñera que abre las compuertas a un migración que trajo en medio de personas que legítimamente buscan un mejor lugar para vivir, no solo delincuencia común, sino que, además, aquella extrema violencia que asoló durante decenios a ciertos países de América Latina.

Las fronteras de nuestro país son tan permeables que pueden entrar cientos de persona sin que las instituciones del Estado digan esta boca es mía, y trayendo lo que les venga en ganas.

¿Qué orden precisa, protocolo afinado o ley secreta necesitan los militares para hacer su trabajo, el que, en sus propias y altisonantes juramentos es defender el territorio y las fronteras de la sagrada Patria hasta dar la vida si fuese necesario?

¿Cuántas armas se pueden trasegar por esas fronteras a vista y paciencia de militares y policías? ¿Será el arma que asesinó al cabo segundo una de las que carabineros y militares vendieron a delincuentes?

Diríamos, en el lenguaje de la política contemporánea, que este es el contexto en que se experimenta un explosivo aumento de los delitos, muchos con resultado de homicidio.

Resulta entonces, una hipocresía alarmarse porque un delincuente asesina a un carabinero que asiste a un llamado que alerta de sujetos armados en una peluquería.

Las evidentes fallas en los protocolos policiales quedan al desnudo a partir del diálogo de la funcionaria que toma la denuncia. ¿No sabe dónde queda la calle La Marina?

Luego, la llegada de los funcionarios. ¿Qué protocolo desplegaron ante la sospecha de gente armada? ¿Por qué no llegaron decenas de funcionarios tal como sucede cuando unos estudiantes cortan las calles? ¿Cómo hace el malogrado cabo segundo para controlar a los sospechosos? ¿Qué jefe supervisó el operativo?

Es dudoso el mecanismo que utilizan los funcionarios para intentar detener a un hombre provisto con un arma que el testigo identifica como automática y con un cargador extendido.

¿Se le dijo al cabo a qué iba? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De los mandos o de los mandados? ¿Quiénes realmente no están haciendo la pega?

A propósito de este asesinato, el General Director en un acto que lo envilece, descarga sus acusaciones veladas y subrepticias en contra del gobierno: de su discurso se desprende que Carabineros no tiene facultades ni mecanismos institucionales ni apoyo gubernamental para detener a un hombre armado. Y, peor aún, por culpa de quienes no hacen la pega: es decir, en sus palabras, por culpa del gobierno de Gabriel Boric.

Un completo descaro.

El padre del funcionario, por su parte y presa de su dolor, se hace eco del pregón mentiroso de la derecha y basurea con el presidente Boric adjudicando a este gobierno las falencias operativas, de preparación y protocolos de Carabineros de Chile.

El hombre no atina sino a confundir los abusos y violaciones graves a los derechos humanos de miles de personas por parte de Carabineros, con las ineptitudes operativas de un cuerpo policial que hace rato no actualiza sus ciencias y técnicas, que se ha achanchado y que se le ha visto tratar amistosamente con aquellos a quienes debe detener.

Carabineros por años ha dejado que los delincuentes, sobre todo el narcotráfico, se adueñe de las poblaciones, aterrorizando a sus habitantes.

¿Se requiere apoyo político explícito para que repriman a esos delincuentes?

El recurrente argumento de que la gente le falta el respeto a los carabineros y que tal sería por falta de apoyo oficial, también es falso.

Se olvida o más bien se oculta, que Carabineros se ha transformado en los últimos años en el aparato represor que cuando se trata de pobres, trabajadores, estudiantes, mapuches, acude presto, con mano dura y en gran número.

La gente sencilla y honesta no los quiere.

No se puede celebrar el asesinato de un funcionario que cumple con su trabajo de perseguir la delincuencia. Lo reprobable es que su Director General oculte su responsabilidad en la gestión operativa de sus subordinados mediante el basurero al presidente y a las autoridades, a quienes culpa de soslayo de lo ocurrido.

Boric debió sacar al general Yáñez de una. Y debió hacer aquello que una vez dijo: esa institución sigue víctima de la carcoma de la corrupción que le dejó impresa en su gen la dictadura y debe ser superada por otra.

Este debe ser el extraño caso de un país que se da el lujo de tener dos policías y en el que ninguna atina.

Una estrategia de combate real a la extendida delincuencia debe pasar necesariamente por terminar con el cuerpo de Carabineros e Investigaciones para dar paso a una policía eficiente, profesional, preparada, científica, ajustada al desarrollo de la técnica y de indubitable respeto por la democracia y las personas.

Es decir, gente que haga su pega.




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