Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
Aunque haya quienes consideren que no hay tiempo ni espacio por la sucesión de crisis de todo tipo que se encuentran pendientes, lo cierto es que este es el momento oportuno para que el gobierno comience a afrontar con responsabilidad las falencias del sistema educacional cuyas profundas grietas son el punto de partida de muchos de los problemas sociales que están presentes en la sociedad chilena.
Esta pandemia social que es contagiosa se manifiesta en lacras como la desigualdad y la falta de oportunidades para quienes no disponen de grandes recursos las que asumen relevantes en este país caracterizado por los enormes patrimonios que ostentan unos pocos, y la precariedad en que deben vivir las mayorías que ven que a sus hijos no les alcanza muchas veces para forjar su propia formación y desarrollo personal.
Lo reducido de los presupuestos estatales por la mezquindad de políticos reaccionarios manipulados por la oligarquía y la indebida intromisión del mercado con la única finalidad de continuar enriqueciendo a sus operadores que miran a la educación como un negocio más, son también determinantes en las actuales circunstancias en que las consecuencias las pagan los niños, niñas y adolescentes.
Sacar al mercado de la educación es un objetivo mayor a largo plazo que sin duda va a costar grandes esfuerzos y difíciles luchas contra el poderoso caballero que es “don dinero”, pero lo próximo es poner a salvo a generaciones completas que no tienen por qué someterse a ser también víctimas de la concentración económica de algunos que todo lo quieren y lo corrompen a vista y paciencia de un país que ya no se sorprende con nada.
Terminar con la agobiante desigualdad a través del mejoramiento de la educación pública fue uno de los más llamativos anuncios de la actual administración durante la campaña presidencial. Sin embargo, ello todavía no se concreta y la ciudadanía hasta ahora no advierte cambio sustancial alguno.
La recordada máxima del presidente Aguirre Cerda a mediados del siglo pasado, “gobernar es educar”, hoy tiene sentido. Las políticas públicas en favor de las mayorías han sido anuladas por el modelo neoliberal que viene de la dictadura y que para las clases populares solo se traduce en precarias condiciones de vida, pobreza y frustración porque la brecha socioeconómica se agudiza todos los días.
En lo inmediato la masiva deserción escolar aparece como lo más alarmante: recientes cifras entregadas por el ministerio del ramo revelan que la inasistencia de alumnos a sus establecimientos en el trimestre marzo-mayo últimos fue de un 27%. Este porcentaje es considerado grave, pero no ha sido posible recuperarlo pese a los esfuerzos e incentivos que ha sido necesario introducir. Solo tres de cinco escolares tienen una asistencia normal.
El año pasado más de 50 mil estudiantes matriculados dejaron abruptamente las aulas de escuelas y liceos del sistema público en su mayor parte debido a problemas familiares, sin que se haya logrado su reintegro. Las cifras en rojo se van acrecentando como reflejo del abandono en que se encuentra este sector, a pesar de la afinidad del actual gobierno con el mundo popular.
Muchas familias empobrecidas por el modelo cuyo jefe de hogar está cesante y tratando de pagar deudas morosas dejan de mandar a sus hijos a clases para que salgan en busca de cualquier trabajo menor que les permita obtener unos pocos pesos para seguir subsistiendo, mientras en otros casos los niños son ocupados para ayudar a sus padres en determinadas tareas ocasionales como es el caso del comercio ambulante. No faltan los que por voluntad propia se ausentan de sus colegios tras lo que les parece una mejor opción.
El ausentismo escolar es el primer eslabón de una cadena conocida como generación ni-ni, que no estudia ni trabaja. Se estima que en Chile hay no menos de 600 mil menores o adolescentes que permanecen todo el día en medio del ocio olvidados, pateando piedras en sus barrios pobres, y muchos de ellos terminan sumándose a bandas de rateros o narcotraficantes inducidos a la comisión de delitos.
A estas alturas es frecuente que los servicios policiales informen que en bandas delictuales que han sido sorprendidas y detenidas, hay un alto porcentaje de menores de edad. Estos han desertado de las salas de clases y han tomado otro camino, que saben que es ilegal, pero que en lo inmediato les permiten obtener lo que quieren de manera fácil y rápida.
El rescate a la brevedad de quienes ingenuamente han caído en este mundo pernicioso es imperativo para la autoridad política: de nada valen las medidas de seguridad que se han extremado, la creación de un ministerio de seguridad pública, los espaldarazos a las policías, las nuevas leyes y los programas de fantasía como “calle sin violencia” si no se atacan con firmeza los orígenes de esta crisis. La Subsecretaria de Prevención del Delito no constituye ningún aporte si antes no se previenen las calamidades que lo están ocasionando.
En materia educacional hay múltiples problemas que siguen pendientes, tales como el pago de la deuda histórica al profesorado, los distintos resultados estudiantiles en pruebas de conocimientos que se hacen en comunas ricas y comunas pobres, el mal estado estructural de muchos locales donde se imparten clases, etc. El Colegio de Profesores ha anunciado un paro nacional para fines de julio en protesta por la falta de soluciones.
Junto a ello no puede seguir esperando el tema del ausentismo escolar que tiene insospechadas proyecciones, porque se prolonga más de la cuenta, es un desafío mayúsculo para el gobierno y porque es parte de la aguda crisis social que está afectando al país.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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