Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
Este verano ha reafirmado que Chile es el país de las emergencias, de todo tipo: estas se presentan de manera inevitable, sin que nadie las espere y sin aviso alguno, como otra embestida contra la población indefensa y constituye en definitiva una vergüenza nacional ante la cual no reaccionan de manera categórica quienes tienen el deber de hacerlo.
Tales situaciones sorpresivas se producen con tanta frecuencia que para algunos pareciera que forman parte de la naturalidad de todos los días, lo que obviamente no es así sino que merece el mayor de los cuidados por parte de la autoridad política no siempre atenta al devenir de los acontecimientos.
Con un Estado ausente y el predominio de la empresa privada, se investiga la muerte de tres personas presuntamente a causa del último de estos imprevistos, las que se sumarían a los tres adultos mayores electrodependientes de distintas comunas del Área Metropolitana que fallecieron por falta de energía eléctrica en agosto pasado.
Las emergencias suelen producirse por incendios, accidentes, cortes de agua o de la luz, actividad sísmica, temporales de viento y lluvia, desborde de ríos, entre otros, sin considerar las circunstancias adversas que se registran a raíz del sistema socioeconómico aún vigente, como la pobreza, la cesantía, la falta de oportunidades, el sobreendeudamiento, etc.
En todos estos casos el mundo popular es el principal afectado porque Chile carece de un sistema de protección social en favor de la gente sin recursos para afrontar tales calamidades y no entrar a la categoría de damnificados.
Es lo que ha ocurrido con el reciente prolongado y masivo apagón que se extendió por todo el territorio nacional, desde Arica a Los Lagos, a partir de las 15 horas del martes 25 de febrero hasta la madrugada del día siguiente, aunque hubo localidades en que la energía eléctrica se repuso recién al cabo de 24 horas.
8 millones de hogares quedaron sin luz a consecuencia de una falla en el sistema de transmisión de una subestación del norte chico, entre Vallenar y Coquimbo, en que quedó descartado un atentado o intervención de terceros. Fue una falla causada por la activación de los esquemas de protección, que provocó la desconexión de los circuitos a todo el país.
La empresa extranjera donde tuvo lugar el problema, ISA Interchile, se apresuró en explicar que ello se debió a una “operación no deseada”. Claramente, eso no es lo que deseaban casi 20 millones de compatriotas que vieron afectadas su vida cotidiana y sus actividades habituales de todos los días, entre ellas el esperado regreso a casa al cabo de una jornada de estudios o trabajo.
El inédito apagón derivó en un colapso que dejó al descubierto la fragilidad y la vulnerabilidad del sistema enrarecido por la fuerte presencia de privados ávidos de lucro. Cerraron empresas y negocios, establecimientos bancarios y comerciales y sin el Metro ni trenes y con los buses repletos, junto con muchas personas atrapadas al interior de ascensores, se generó una situación de caos generalizado.
Muchas actividades dejaron de cumplirse, horas médicas quedaron pendientes cualquiera hubiera sido su urgencia y otros tantos compromisos no pudieron concretarse. El apagón trastocó la vida de los chilenos, que no tienen un minuto de respiro. Esta vez las pérdidas fueron multimillonarias y por el momento se habla de compensaciones, que en caso de concretarse serán en la medida de lo posible.
Fue el momento de recordar los mega cortes de electricidad que duraron una semana en agosto de 2024, cuando miles de personas salieron de sus casas para protestar en medio de la oscuridad. En ese entonces la responsable fue la multimillonaria transnacional Enel, que más tarde fue sentenciada al pago de una módica multa. Allí nadie se acordó de los tres compatriotas con residencia en el Área Metropolitana que murieron al no poder contar con ese servicio vital.
Actualmente funciona un organismo denominado Controlador Eléctrico Nacional, que tiene por misión la fiscalización de las empresas privadas que han sido integradas para la entrega a la comunidad de un suministro eficiente. Con la falla ocurrida en la región de Coquimbo ha quedado en claro que el citado CEN no está cumpliendo su finalidad.
ISA Interchile incrementó sus ganancias en un 500% a septiembre de 2024 en relación al mismo mes del año anterior. El sistema eléctrico chileno se encuentra privatizado permitiendo grandes niveles de lucro para las compañías multinacionales.
La estatización de los servicios vitales que antes fueron públicos es una demanda ciudadana que hoy vuelve a cobrar actualidad: las privatizaciones de la dictadura y de las dos derechas que le sucedieron forman parte del pasado.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
Comments