Autor: MAXIMILIANO RODRIGUEZ
Santiago está sacudido por un agudo cuadro de insurrección popular que ha desarticulado el sistema de transporte público, y con él todo el normal funcionamiento de la capital. La situación se extendió a otras ciudades del país, obligando al gobierno a decretar el estado de emergencia en una serie de regiones.
Sin duda las jornadas de octubre quedarán en los anales de la historia de la lucha de clases del capitalismo chileno. Estas reflejan la profunda crisis por la que atraviesa todo el sistema de dominación de la burguesía local, que se plasma en una parálisis que ataca las altas esferas del aparato estatal y un desborde de su institucionalidad, sin que nada llene necesariamente dicho vacío.
Hay a lo menos dos particularidades que distinguen a la actual ola de protestas con respecto a otras que han ocurrido en el último tiempo.
En primer lugar, se ha sumado un importante contingente de clases populares a la protesta, componente que había estado relativamente ausente hasta el momento en otros movimientos, los cuales mostraban una composición clasista notoriamente distinta. Esta es la razón por la que la movilización ahora se ha salido de los causes del ciudadanismo biempensante y comportado de las clases medias. Su eje social se ha desplazado hacia otras clases.
Es precisamente el componente popular el que le ha impreso la masividad y la violencia a las acciones de protesta, sobrepasando la acción represiva de las fuerzas del Estado y volviéndolas incontrolables por estas.
Si bien hoy el conflicto supera con creces al aumento de la tarifa del pasaje del transporte público, se debe reconocer lo acertado que resultó la acción de los estudiantes frente a dicha alza y, sobre todo, la consigna que levantaron.
La consigna de la evasión reunió genialmente todas las características necesarias de una consigna de agitación popular.
Esta fue clara y simple. De hecho, su claridad y simpleza contrastan con otras consignas –“No + AFP”, “Fin al lucro”, “Basta de abusos”, “Abajo al patriarcado”, etc. – que se han levantado frente a otras problemáticas, tanto o más sentidas, que afectan hoy en día a las clases trabajadoras del país. Por lo general, estas pecan de ser altamente abstractas y políticamente ingenuas. De hecho, solo pocas semanas antes distintos sectores de izquierda y organizaciones sociales habían realizado una serie de marchas contra los “abusos” y el sistema de AFP’s sin lograr mayor resonancia entre las clases populares.
La consigna iba además de la mano de una acción concreta, también sencilla y clara, y cuya forma de materialización (saltarse los torniquetes del metro) era mostrada en la práctica por los mismos estudiantes al resto de la población.
Y, finalmente, esta conectaba con una sentida demanda popular frente a una medida que afectaba directamente el bolsillo de los hogares trabajadores, lo cual permitió una confluencia efectiva –y no solo de palabra– de estudiantes y sectores populares de la población.
La brutal represión que el gobierno desató sobre los estudiantes, que incluyó disparos de perdigones en las estaciones de metro por parte de Carabineros, abrió de forma cruda y dramática los ojos a las clases trabajadoras. La indignación no podía sino esparcirse como un reguero de pólvora por toda la ciudad y el país.
El segundo elemento que confluye en la actual coyuntura, y que aumenta su explosividad, es la profunda crisis por la que atraviesan las clases dominantes del capitalismo chileno. Ilustrativo de ello es la gran torpeza que ha mostrado el gobierno en el manejo de la coyuntura. Ha sido sorprendido y superado en todas sus líneas. Siempre a la defensiva, se ha limitado a invocar una serie de clichés y burdos lugares comunes para conjurar la insubordinación popular, que a estas alturas no se distingue si son súplicas, chantajes o bravuconadas.
Sin embargo, la crisis del sistema de dominación burguesa en Chile no se reduce a la torpeza del actual gobierno. Ella no es la causa, sino una mera expresión de las vacilaciones del bloque en el poder, y por tanto no se resuelve con la asunción de un gobierno “más hábil”.
En efecto, la crisis sacude a las instituciones fundamentales del Estado, y afecta a la dinámica entre las distintas fuerzas políticas burguesas en el seno de aquél. Por ejemplo, justo cuando se fraguaba la actual ola de protestas el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema se encontraban enfrascadas en una disputa –aún no zanjada del todo– sobre el ámbito de competencia de cada uno.
El caso es que desde hace un tiempo a esta parte el régimen de dominación clasista en Chile viene “acomodándose”, sin encontrar hasta ahora un “equilibrio” que decante en una institucionalidad definida que regule satisfactoriamente el juego entre las fuerzas políticas de la burguesía. La inestabilidad se presenta así como uno de los rasgos característicos del período post transicional, y la causa última de la parálisis de la clase gobernante.
Es difícil avizorar cuál será el desenlace concreto de la coyuntura, pero lo más probable es que esta marque el fin del piñerismo como partido dirigente de la burguesía chilena. Independiente de que el gobierno se mantenga en el poder, el piñerismo se ha terminado. En lo inmediato perderá la iniciativa política, y poco o nada tendrá ya para ofrecerle al conjunto de la clase capitalista.
En un obtuso reduccionismo economicista, el piñerismo creyó erróneamente que los problemas de la gobernabilidad burguesa se solucionaban simplemente imprimiéndole mayor dinamismo al proceso de acumulación. De aquí que toda su agenda gubernamental girara básicamente en otorgarle mayores garantías al gran capital para que reactivara su actividad inversora. Ese programa fracasó estrepitosamente
Ahora bien, en la vereda opuesta –o sea, en las fuerzas políticas que pretenden encarnar los intereses de los trabajadores y el pueblo– el gran desafío está en identificar lo que en la actual coyuntura está realmente en juego y, en consecuencia, encausar el movimiento de masas hacia una salida lo más favorable posible para dichas clases. Aquí es donde juega un rol crucial la elaboración político-programática frente al enorme vacío de proyecto que aqueja a las clases trabajadoras, otro componente de la actual crisis. La dominación del gran capital se ejerce sin contrapeso en Chile, y en ese sentido la crisis es también la crisis de la izquierda y las organizaciones de trabajadores.
Esta es la razón del por qué no se está en presencia de –y difícilmente derivará– en una situación revolucionaria que desafíe el poder de clase de la burguesía, a pesar de todas las vacilaciones que campean en su seno. Para que ello ocurriese deben reunirse otras condiciones que están lejos de cumplirse en el actual escenario.
En razón de lo anterior lo que cobra prioridad en lo inmediato es el levantamiento de un programa mínimo que plasme los intereses comunes y generales de la clase trabajadora en la actual coyuntura, elevándola a actor político –no meramente corporativo– de la sociedad chilena. Que sirva además para esclarecerle las tareas que tiene por delante en su calidad de actor político. Y, por último, que sea la plataforma sobre la cual los trabajadores puedan dirigirse al conjunto del pueblo.
Sin duda un componente importante e ineludible de dicho programa radica en las demandas que abordan las condiciones materiales de las clases populares del país. Por ejemplo, y dado que el conflicto estalló por ese lado, medidas que defiendan el nivel de vida de los trabajadores frente al alza de los servicios básicos, entre otras (reducción de la jornada de trabajo, pensiones).
Sin embargo, este ámbito no es el punto nodal del actual programa mínimo y las tareas de la clase trabajadora. De hecho, el gobierno echó pie atrás el alza del pasaje de metro sin que ello lograra aplacar el descontrol social. Además, reducir un programa de lucha, aun siendo mínimo, solo a reivindicaciones de dicho orden, por muy sentidas que puedan ser, no saca a la clase trabajadora de su estado elemental-corporativo, que es precisamente donde está hoy y donde las fuerzas burguesas tratan de llevarla, ya que es donde mejor pueden maniobrar.
La actual coyuntura ha revelado que los peligros que acechan a las clases trabajadoras están localizados en la esfera político-estatal. El gobierno no trepidó en echar mano a la suspensión de las libertades democráticas y llamar a las Fuerzas Armadas para conjurar el malestar popular, lo cual tuvo un efecto más de provocación que de real amedrentamiento entre la población. El desborde de las manifestaciones –y las vacilaciones de las fuerzas represivas– dejó finalmente en letra muerta la suspensión del derecho a reunión del estado de emergencia decretado por el gobierno.
La cuestión radica en que, en esta falta de equilibrio institucional del régimen de dominación y agudización de las pugnas inter burguesas, el aparato estatal ha venido mostrando preocupantes bandazos autoritarios que cuestionan incluso el estado de derecho burgués. Allí están como prueba la Operación Huracán, el asesinato de Camilo Catrillanca, las extrañas circunstancias en que han resultado muertos dirigentes sociales, la criminalización de los jóvenes y estudiantes, entre otras.
Ante dicho escenario, es imprescindible impulsar un programa mínimo de lucha que levante reivindicaciones democráticas en temas tan trascendentales como la dramática situación del pueblo mapuche en el sur del país, el derecho a la migración y al trabajo de las personas extranjeras, y la criminalización de la juventud.
Dado que la coyuntura ha traído de vuelta a las Fuerzas Armadas como actor de la política nacional, es ineludible que dicho programa levante también reivindicaciones democráticas dirigidas a ellas, las cuales deben buscar amplificar las vacilaciones en su seno ganando el apoyo de la tropa a la causa de los trabajadores y el pueblo y quitarle ascendencia del generalato sobre el soldado raso. No se puede hoy llevar a las clases trabajadoras a un enfrentamiento directo con las fuerzas represivas del Estado; estas, por el contrario, tienen que inclinarlas hacia su causa.
21/10/2019
