Autor. HUGO ALCAYAGA BRISSO
Aunque ha transcurrido casi la cuarta parte del siglo 21, hay quienes han optado por quedarse atrás, no dejan de pertenecer al pasado, se mantienen como parte del ayer, quisieran reivindicar lo que la ciudadanía condena y se niegan a avanzar de acuerdo a los tiempos y la historia.
Es una minoría que no está con la democratización del país y pareciera que su objetivo es retrotraerse a la época negra de la dictadura, cuando se perpetraban asesinatos todos los días, los delitos de lesa humanidad se cometen a cada rato y se violaban groseramente los derechos humanos, todo ello en la más completa impunidad y bajo el manto de lo que la gran prensa manipulada por la oligarquía llamaba "confusos incidentes".
El desfase afectó severamente a carabineros de Chile, que creyendose aun bajo el regimen de terrorismo de Estado embistió con inucitada ferocidad contra los manifestantes que con mucha fuerza pero sin armas protagonizaban el memorable estallido social que tuvo su punto de partida el 18 de octubre de 2019.
La presencia de las muchedumbres repletando las calles del territorio nacional en demanda de una nueva Constitución, más democracia, igualdad, dignidad y derechos ciudadanos y contra los abusos, y la corrupción del modelo neoliberal, ha sido la mejor, masiva y más contundente expresión popular en lo que va de este siglo. El estallido hizo temblar al gobierno empresarial, a la derecha política y a los ricos, que vieron amenazados sus privilegios que han mantenido por décadas.
Claramente la represión fue la única respuesta de los operadores del modelo de desigualdades. Como siempre Carabineros - con apoyo del Ejército - salió en defensa de la minoría adinerada y transformó el control del orden público en una violenta y sostenida agresión contra los manifestantes, lo que dejó numerosas bajas.
Durante el estallido social se contabilizaron 30 personas fallecidas y un sinnúmero de heridos, vejados, golpeados y humillados, todos ellos civiles y en su gran mayoría jóvenes, según fue comprobado por observadores de organismos internacionales. La prensa que seguía los acontecimientos no dio cuenta de ninguna víctima entre los uniformados armados hasta los dientes y apoyados por mecanismos anti-disturbios.
Desde entonces son conocidos los nombres de la trabajadora Fabiola Campillai y el estudiante Gustavo Gatica, ciegos de por vida al recibir proyectiles disparados por oficiales policiales directamente a sus rostros. Ninguno de ellos ha tenido ayuda estatal y han salido adelante por sus propios medios. Fabiola recibió una sólida adhesión ciudadana en las últimas elecciones parlamentarias y hoy es senadora independiente con la primera mayoría nacional. No menos de 420 manifestantes sufrieron la pérdida de uno de sus ojos, lo que los incapacita en sus actividades diarias. A la fecha hay 1.386 causas en la justicia por graves violaciones a los derechos humanos en esa época.
Otros nombres conocidos son los del temporero de Buin, Mario Acuña, paraplejico desde que un grupo de carabineros le propinó una feroz golpiza en San Bernardo y el de Anthony, un menor de edad que fue lanzado al río Mapocho por un uniformado desde el puente Pio Nono. Los altos mandos nunca han asumido su responsabilidad en los serios daños personales ocasionados a tantos compatriotas.
A principios de enero último el Ministerio Público solicitó la formalización del actual general director de Carabineros, Ricardo Yañez, que a la fecha se desempeñaba como director de orden y seguridad. Se le imputa el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de homicidios y lesiones graves durante las protestas en el centro de Santiago.
La solicitud fue ingresada por el fiscal Xavier Armendariz, cuatro años después de ocurrido los hechos. El general es indagado por su responsabilidad como jefe nacional de dicho servicio durante el estallido, en que no impartió instrucciones para evitar el grave daño que se cometió contra los afectados. Tampoco se sabe que haya pedido perdón o dado disculpas a quienes han visto sus vidas trastocadas drásticamente.
Sin asumir las consecuencias que la represión sigue teniendo para innumerables compatriotas, Yañez pretende salir libre de polvo y paja. Ha hecho lo posible para que las causas en su contra se suspendan y quede sin efecto su formalización, fijada para el siete de mayo. Envió una carta al Tribunal Constitucional que desestimó tal solicitud y mantuvo firme la formalización para el día señalado.
Como última tabla de salvación el jefe policial acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago, siempre aferrándose a su cargo y sus privilegios. Sin embargo, el recurso de amparo presentado por su abogado defensor fue declarado inadmisible, lo que quiere decir que la justicia, al menos en este caso, está por llegar.
En su afan de ganar tiempo, Yañez solo ha conseguido una declaracion de respaldo de un grupo de diputados identificados con el pinochetismo y la dictadura, con el genocidio y los detenidos desaparecidos. Ese pequeño grupo de diputados de extrema derecha son los únicos que han salido en su defensa, que es frágil porque carece de argumentos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, una de las figuras de mayor prestigio en el gabinete ministerial, ha llamado a Yañez a evaluar dejar su cargo. Según el ministro, alguien que está en un cargo directivo debería pensar en no perjudicar a la institución que dirige. El actual general director en realidad debía haber dejado su cargo hace tiempo.
A Chile le costó sangre, sudor y lágrimas desprenderse de la dictadura que secuestró a la población por la fuerza de las armas durante 17 años, como para que esos abusos vuelvan a repetirse. En esta semi democracia que se dirige lentamente a una democracia cabal no puede haber impunidad de ninguna naturaleza, ya sea por pertenecer a un determinado sector político ni a una determinada institución.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
NOTA: la audiencia de formalización se aplazó para octubre/24. Su fecha origina era 7 de mayo
