Autor: MAXIMILIANO RODRÍGUEZ
«[…] por mucho que se aderece con ideas más o menos revolucionarias, el contenido sigue siendo el mismo […] la transformación de la sociedad por la vía democrática, pero una transformación dentro de las fronteras de la pequeña burguesía. [Esta] cree que las condiciones específicas de su emancipación son las condiciones generales dentro de las cuales únicamente cabe salvar a la sociedad […]»
K. Marx: El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte
El pasado 4 de septiembre constituye uno de los hitos más notables de la historia política nacional. Tras los resultados del plebiscito de salida no está más que el más estrepitoso fracaso que una clase social haya sufrido jamás. El contundente triunfo del rechazo es la trágica derrota de las clases medias ilustradas –en sus diferentes expresiones políticas– en su aspiración por moldear los destinos colectivos de la nación… o, como bien le gusta decir, las naciones del país.
La peculiar forma de la disputa de clases
La primera cuestión consiste en explicar por qué la lucha de clases, y más específicamente, la disputa inter burguesa, tomó la forma que tomó, y desembocó en la coyuntura del plebiscito de salida del 4 de septiembre.
¿Cuál fue (o fueron) esta(s) forma(s)? Esta fue básicamente la de reivindicaciones identitarias (de género y disidencias sexogenéricas, indígenas, etc.) y territoriales que la fracción ilustrada de las clases medias tomó y encausó bajo la bandera del ciudadanismo hacia la disputa por la conducción del aparato estatal a través de la demanda por una nueva Constitución.
Ahora bien, ¿por qué las disputas políticas en el seno de la burguesía tomaron la forma identitario-territorial? Las causas hay que buscarlas en las condiciones objetivas de las distintas clases, la madurez de cada una y el estado en que se encuentra la lucha entre estas. Esto podemos recogerlo en cuatro elementos básicos:
I. Ausencia de una lucha política entre las clases fundamentales del capitalismo chileno: burguesía y trabajadores. Si esta se da, es a nivel estrictamente económico, dispersa e inmediata; primando la falta de cualquier organización y reivindicación programática propia de la clase trabajadora en la escena política. Sobre este vacío fundamental se mueve toda la política chilena. La clase trabajadora se encuentra ausente como actor político y desprovista de su propia ideología de clase (el socialismo).
II. Crisis política e ideológica de la dominación burguesa, que en el caso de Chile se refiere básicamente al desgate de los equilibrios políticos y el programa de la transición a la democracia, junto con el desfonde del conservadurismo católico que dio el soporte ideológico a dicho período.
III. Creciente proletarización de importantes sectores de las clases medias.
IV. Autonomización de estas, llegando a constituir referentes políticos y expresiones ideológicas propias (el discurso identitario viene a ser muestra de aquello).
Es sobre estos elementos que se ha estructurado el campo de las disputas políticas de los últimos años en Chile, y en particular el reciente proceso constitucional.
La posición social de las clases medias
Sin duda que llegará el momento de hacer un análisis detallado de las condiciones materiales sobre las que descansa la reproducción material de las actuales clases medias, y cómo estas se reflejan finalmente en su conciencia. Sin embargo, para los efectos del análisis de la coyuntura del 4 de septiembre, basta con retener que estas son expresión de una posición contradictoria en la estructura de clases de las sociedades capitalistas contemporáneas. Por una parte, son clases asalariadas, lo que las acerca al mundo del trabajo. Sin embargo, en esta condición representan una fuerza de trabajo altamente calificada. Por otra parte, en tanto, en función de su calificación, acceden a las posiciones de dirección tanto en la producción capitalista como en el ámbito político e ideológico de altas esferas burguesas, lo que les permite hacerse parte de la repartija de la plusvalía arrancada a los trabajadores y de la visión burguesa de la sociedad. En otras palabras, contribuyen a sostener el entramado de relaciones sociales de explotación y dominación del capital sobre el trabajo.
Su ideología, en consecuencia, no puede ser menos contradictoria que su propia base material de clase. Su lado “trabajador” las hace simpatizar con una que otra versión del socialismo, especialmente aquél que ve en el Estado la solución de cuanto problema social hay; mientras que su lado “burgués” las hace tragarse todo el arsenal del sentido común burgués y ver solo la superficie de las contradicciones del capitalismo.
El impase de la burguesía
Con su intento de reescribir la Constitución las clases medias llegaron muy lejos en su aventura, donde incluso ni ellas mismas imaginaron nunca podían llegar. Al menos no en lo inmediato. Ya no era solo acceder al gobierno, sino darse el gusto de rediseñar toda la arquitectura estatal, el sistema político y el balance de poderes al interior de este. Tanto así, que se llegó al verdadero absurdo de que personajes que no representaban nada dentro del entramado de poder dictaminaran los lineamientos del ordenamiento jurídico-político del Estado. Y aquí no solo nos referimos a los convencionales, sino fundamentalmente a la corte de “asesores” que pululaban en torno a estos, algunos de los cuales no les quedó otra forma que entrar por la ventana después de fracasar en sus intentos de llegar a la Convención por la vía del mandato popular, y de cuyas iluminadas mentes salieron varias de las extravagancias que quedaron plasmadas en el texto plebiscitado.
Todo esto puso al conjunto de la burguesía en un verdadero impase, especialmente en un contexto de agudización de una serie de conflictos sociales y políticos de largo alcance (lucha autonomista mapuche en el sur y control del orden público en el norte y el centro), además de la delicada situación económica (inflación y estancamiento económico) por la que atraviesa el país. Todo lo cual deja poco espacio para las excentricidades jurídicas que la Convención quería implementar.
La propuesta constitucional y el programa de las clases medias
En cuanto a la propuesta constitucional propiamente tal, esta puso en evidencia toda la impotencia y miseria política de las clases medias. Frente a la ideología burguesa, fundamentalmente universalista, la ideología pequeñoburguesa de las clases medias es estrechamente particularista, lo que la hace conservadora frente a la primera. En el fondo esto evidencia no solo la ausencia de un programa propio para hacerse con las riendas de la sociedad –porque materialmente tampoco puede hacerlo–, sino siquiera de uno medianamente coherente para implementar una agenda de reformas. En la cabeza de sus más sesudos representantes se demuestra, una y otra vez, que esta clase ignora –o solo posee una visión en extremo superficial– los fundamentos y la forma en que realmente funciona el poder del capital.
Así, en estricto rigor, no era correcta la línea demarcatoria que oponía progresismo (Apruebo) versus conservadurismo (Rechazo), por más que la propaganda del gobierno y los partidos oficialistas así trataran de presentarlo. Y esto tiene que ver con lo mencionado anteriormente: la ideología de las clases medias, con su particularismo distintivo, es finalmente conservadora a la luz del rol histórico de la burguesía y su modo de producción. En efecto, las relaciones capitalistas son universales, y así lo asume y practica la propia burguesía en su dominación de clase. En ese terreno, clases medias no son rival. El desarrollo histórico está de lado del capital en esta contienda.
Era cosa de leer con detención algunas de las disposiciones más tiradas de las mechas de la propuesta constitucional para notar inmediatamente su tenor eminentemente conservador. Así, por ejemplo, el artículo 56 consagraba el «derecho a una alimentación adecuada, saludable, suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente [sic]», el cual estaba antecedido por el 54 que establecía que es «deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria», que además «promueve el patrimonio culinario y gastronómico del país» (sic). ¿Cómo no dejar de ver el claro objetivo proteccionista que tenía el articulado, basado además en la idealización de las formas de producción pequeñoburguesas (textualmente, el Estado: «fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, en tanto actividades fundamentales [sic] para la producción de alimentos»)? Unas verdaderas leyes cerealeras (Corn Laws) modernas elevadas a rango constitucional, y contra las cuales la ascendente burguesía inglesa del siglo XIX dio la lucha contra los terratenientes para derogarlas.
Así también, los denominados “derechos colectivos”, artilugio con que la intelectualidad progre intentaba dar solución a un problema tan espinoso como la reivindicación nacional mapuche, no eran sino retrógrados evaluados desde el rasero el concepto de ciudadanía burguesa. Bajo este paraguas se colgaban otras tantas geniales invenciones como los “sistemas” de justicia y la representación diferenciada de la ciudadanía según nación de pertenencia. En resumen, se trataba de un concepto tan bien intencionado como iluso que apuntaba al establecimiento de medidas de “discriminación positiva” y compensación histórica hacia los “excluidos de siempre”, que no obstante instalaba mecanismos de voto censitario –remedo de un derecho feudal invertido– en un régimen democrático de un capitalismo en pleno siglo XXI, y, por lo tanto, retrógrado al final del día.
Finalmente, estaba el denominado “reconocimiento del trabajo doméstico” (artículo 49), tan radical en su fraseología como potencialmente dañino para la causa de quienes apuntaba a beneficiar: las mujeres. Así, bajo el aparatoso articulado de que «El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad», se abría la posibilidad de que el Estado contribuyera a perpetuar la condición de exclusión del trabajo efectivamente social de quienes desempeñan dichas labores. Además de remitir a una lógica malthusiana sobre la regulación de la fuerza de trabajo, que de paso falsea la explotación a la que está sometida bajo el capital, este planteamiento de “reconocimiento” no puede ser más antagónico a los de la perspectiva y programa socialista. El socialismo no tiene ningún problema en reconocer, y de hecho así lo hace, que el trabajo doméstico no es una actividad social, y que, por lo mismo, quienes están sujeto a este sufren un menoscabo de sus condiciones de vida en todo ámbito, no solo económico, sino también psicológica. En nada cambia esta degradante realidad por más que la ley le asigne un estatus “social” a dichas labores, que las personas que las desempeñan reciban prestaciones de salud y pensiones o que el Estado les otorgue un subsidio bajo el nombre de “salario por trabajo reproductivo”. El objetivo del socialismo en esta materia es que estas labores pasen, en los hechos, del hogar a la esfera de la producción social, ya sea a través de la provisión de una red pública o de la producción capitalista[1].
El 4 de septiembre
Y así se llegó a la contienda plebiscitaria, “la madre de todas las batallas” como la calificó el PC.
La historia ya la conocemos. El resultado simplemente no pudo ser más desolador para las aspiraciones e ilusiones de las biempensantes clases medias chilenas. El 62% del electorado se inclinó por rechazar sus avanzadas ideas de justicia social y de democracia anti elitaria.
Hasta el día de hoy se escuchan los lamentos de la intelectualidad progre tratando de explicar su estrepitoso fracaso: que la campaña de desinformación de “los poderosos de siempre”, que Chile no estaba preparado, que el individualismo neoliberal, etc.
El tema es que, así como el plebiscito de entrada reveló la restringida base inmediata de apoyo de una fracción particular de la burguesía; el plebiscito de salida hizo lo mismo con otro sector. “El programa de muchos” (slogan bajo el cual la convencional Beatriz Sánchez presentó su programa de gobierno en la anterior elección presidencial) no es sino el programa de la comuna de Ñuñoa, y en verdad solo el de algunos barrios de esta[2]. La gran mayoría de la población trabajadora mostró escasa o nula identificación con dicho programa, como lo evidenció la proporción de votos a favor del Rechazo en las comunas populares.
Así, y no obstante la alta concurrencia de votantes (86%) que dirimió el resultado, la pasada contienda no dejó de ser, en su contenido, una lucha en el pináculo de la pirámide social entre una parte de la elite político-intelectual santiaguina asentada en ciertos barrios ñuñoínos y otra en el eje Las Condes-Vitacura-Lo Barnechea.
Lecciones para la clase trabajadora
¿Por qué la clase trabajadora dio mayoritariamente la espalda a propuesta constitucional elaborada por la Convención? Si la propuesta la favorecía en comparación con la actual Constitución al reconocer y ampliar el derecho a huelga y negociación colectiva; estas mejoras, recogidas fundamentalmente en el artículo 47, quedaban en gran medida opacadas en un texto extenso, de difícil comprensión y lleno de demagógicos principios. Por ejemplo, inmediatamente después del artículo 47 venía aquel que consagraba el derecho de los trabajadores «a participar en las decisiones de la empresa» (artículo 48)[1].
El texto en sí mismo excedía las cuestiones que una Constitución moderna aborda: derechos de las personas, bases de la ciudadanía y ordenamiento político-administrativo de la institucionalidad estatal, apuntando más bien hacia el delineamiento de las políticas públicas.
Ni la extensión ni la dificultad de comprensión del texto resultan ser lo decisivo. Si así fuera, la cuestión se reduciría a un mero problema de comprensión lectora de la población trabajadora y de una adecuada campaña de información, como algunos lo presentan en la izquierda. Sin embargo, no es el caso.
Lo fundamental, desde una perspectiva de clases sociales, es que los intereses vitales de los trabajadores no resultaban mayormente afectados por una u otra opción, y entre dar el salto hacia una opción que tenía una serie de debilidades e incoherencias, optó simplemente por quedarse con lo ya conocido. Es que, a pesar de la propaganda de la campaña del Apruebo, que presentaba a la actual Constitución como la “Constitución de Pinochet”, tanto la Constitución vigente como la propuesta de la Convención consagran un régimen de democrático burgués. No había ningún cambio cualitativo en ese aspecto si se hubiera aprobado la nueva Constitución.
Lo peor para la educación política de la clase trabajadora es tomar por verdaderos los slogans y cuñas elaboradas por el progresismo al calor de la contienda electoral con el claro objetivo de embaucar a las masas. En estricto rigor, la Constitución vigente no es el texto que emanó de la Comisión Ortúzar, ni tampoco la que rigió en los primeros años de la transición a la democracia. Ya no rigen o han cambiado, por ejemplo: la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el rol del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), senadores vitalicios y designados, el sistema de elección binominal y, ahora último, los quórums para reformar la Constitución, por nombrar solo algunas de las disposiciones más antidemocráticas heredadas de la dictadura.
En este sentido, una de las cuestiones positivas que mostraron los resultados del 4 de septiembre es que la clase trabajadora resultó prácticamente inmune a toda la charlatanería del progresismo, no prestándose para subirse al carro de las ilusiones que este le prometía. El otro elemento positivo que rescatar es que, como nunca, concurrió en masa a expresar su opinión. Poco importa por la opción que se inclinó, lo relevante es que levantó cabeza y comenzó a reflexionar sobre los asuntos de la dirección política de la sociedad. Esto es particularmente importante, ya que, como parece, el voto obligatorio será una constante, lo que emplazará a la clase trabajadora a tener que pronunciarse sobre las contiendas políticas que cruzan a la dominación burguesa.
Finalmente, y esto es una de las principales enseñanzas que deja la discusión constitucional y el fracaso de la Convención, es que, frente a los partidos burgueses tradicionales, las clases medias no necesariamente representan las tendencias progresistas del desarrollo capitalista. No se trata para la clase trabajadora de negar la existencia de la infinita lista de problemas sociales que estas denuncian (situación de la mujer, desigualdad, pueblos originarios, medioambiente, etc.), sino el hacer de estos el punto de arranque de verdaderos constructos ideológicos que terminan por falsear las bases de la explotación capitalista y la dominación burguesa, tal como en su momento sucedió con el tema de la educación y ahora con la cuestión de género.
MAXIMILIANO RODRÉGUEZ
[1] Véase M. Rodríguez: Reconocimiento del trabajo doméstico. Disponible en: https://revistaconfrontaciones.cl/2021/11/01/reconocimiento-del-trabajo-domestico/
[2] Véase Naim Bro y Felipe Gutiérrez: Los veinte barrios donde se concentró el apruebo en Santiago. Disponible en: https://terceradosis.cl/2022/09/16/plebiscito-de-salida-y-la-distribucion-urbana-de-la-elite-progresista-los-veinte-barrios-donde-se-concentro-el-apruebo-en-santiago/
[3] Véase Editorial #6: Ofertones e ilusiones en tiempos constituyentes. Disponible en: https://revistaconfrontaciones.cl/2021/03/25/editorial-6-ofertones-e-ilusiones-en-tiempos-constituyentes/
