Autor: https://revistaconfrontaciones.com
Una aspiración común de las ideologías pequeñoburguesas es la de torcer las tendencias del desarrollo capitalista mediante ingeniosas reformas sociales. Los bienintencionados reformadores pequeñoburgueses se proponen bajar el cielo a la tierra, prometiendo dejar contentos a moros y cristianos.
La última propuesta –de una larga lista que circulan– surgida en el revuelto período constituyente del capitalismo chileno la presentó el diputado frenteamplista Gabriel Boric.
En una columna publicada en El Mercurio el pasado 20 de marzo (Una propuesta para la gran empresa posestallido social), el candidato presidencial de Convergencia Social reclama por «una voz determinante [para los trabajadores] en las decisiones estratégicas de las empresas». Propone para ello la participación de los trabajadores en los directorios de las grandes empresas en pie de igualdad de los representantes de los accionistas. Todo Esto para poder definir, en conjunto con los dueños, las decisiones estratégicas de la empresa en el mercado. De este modo, «las decisiones más importantes de la gran empresa [serían] fruto del diálogo razonado (sic) y cotidiano de las y los actores, y de las distintas perspectivas [¡nótese el eufemismo!]] relevantes que componen una empresa».
El gran capital, sin embargo, no se va con rodeos, ni adorna sus intereses con floridos adjetivos. A la “noble y justa” (sic) propuesta del diputado, fue el empresariado quien, en voz del presidente de la CPC, Juan Sutil, tuvo que salir a poner los pies sobre la tierra. Este le recordó a Boric, en toda su crudeza, la realidad de las sociedades capitalistas. A juicio de este, la propuesta “confunde roles” (sic), ya que –efectivamente– trabajadores y capitalistas representan «intereses y roles distintos dentro de una empresa».
No se puede sino concordar con el nada sutil representante del gran empresariado chileno. En efecto, los capitalistas son simplemente la personificación de un conjunto de relaciones sociales basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Así, por un lado, están los propietarios o dueños de las empresas, y, por otro, los no propietarios de los medios de producción: los trabajadores.
Por otra parte, la propiedad privada le imprime a la producción social una dinámica distintiva, como la separación cada vez más pronunciada de los trabajadores respecto de los medios de producción y la concentración y centralización de los capitales (Marx). Pretender evadir los resultados de la acumulación capitalista sin atacar su fundamento (la propiedad privada) es una tarea de Sísifo destinada al fracaso.
Las propuestas del tipo que presenta el diputado Boric no son nuevas. Tienen una larga data en la historia del pensamiento social y político. Sin embargo, mientras los reformadores pequeñoburgueses de ayer pretendían retrotraer el avance del capitalismo a través de la multiplicación de una idealizada pequeña propiedad (cosa que no está del todo ausente en nuestro reformador de turno cuando sostiene que en las «empresas de menor escala, […] las desigualdades son también menores»); los de hoy pretenden una socialización sui generis mediante la “democratización” del lugar de trabajo.
El capitalismo es un régimen social de explotación del trabajo ajeno, fuente última de la ganancia del capital. Esto no debe perderse nunca de vista. ¿A qué llevan entonces las propuestas del tipo Boric?
Ante todo, llevan a una simple y ramplona política de colaboración de clases. Allí donde media la explotación y el conflicto producto de intereses contrapuestos, se pretende instaurar una falsa armonía. Esto, aparte de atar la suerte del trabajo a los intereses del capital, desnaturaliza la finalidad de la lucha de los trabajadores y sus organizaciones en los lugares de producción, o sea: defender las condiciones laborales de estos frente a los ataques de los capitalistas, defensa que ya se mueve en márgenes extremadamente estrechos como para que los trabajadores anden metiéndose en las apuestas que hacen los capitalistas con su dinero.
Además, en el funcionamiento diario de la gran empresa capitalista, esta “participación democrática” en las “decisiones estratégicas” no tardaría en decantar en una burocracia obsecuente y afín al capital que, bajo el chantaje de mantener sus privilegios o sucumbir frente a una huelga de inversiones, constituya en una quinta columna en el seno de los trabajadores. Este actor velaría ante todo por sus allegados y acólitos más cercanos cuando el rigor de la competencia capitalista le imponga a la empresa la necesidad de despedir, aumentar las jornadas laborales y bajar los salarios de sus trabajadores; además –y, sobre todo– buscaría sofocar cualquier intento de levantar un verdadero sindicalismo combativo al interior de las empresas.
Y eso no es todo. En vez de la solidaridad entre trabajadores, la propuesta del diputado Boric daría lugar a una creciente diferenciación y competencia entre estos. Esto porque los trabajadores pertenecientes a industrias y empresas con ganancias extraordinarias –tal como ocurre con las basadas en la explotación de recursos naturales– estarían en mejores condiciones para acceder a remuneraciones por sobre sus pares, desuniéndolos finalmente como clase.
Lo más relevante, sin embargo, son las nefastas consecuencias en el plano político la propuesta conlleva. Se renuncia a toda independencia de clase de los trabajadores frente al capital –base de cualquier política socialista y revolucionaria–, corporativizándolos y enfrentándolos entre ellos de paso.
En síntesis, el presidenciable Boric nos muestra una vez más aquello de que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Su propuesta –o más bien la de sus asesores– no es ni siquiera progresista. Sin querer queriéndolo ha puesto en manos del gran empresariado una útil opción en contra de los trabajadores. Ver cómo se posicionan los distintos actores del mundo del trabajo permitirá también evaluar en qué pie de lucha y madurez política se encuentran.
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