Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
La ley que comenzó a regir a mediados de febrero que endurece implacablemente las penas contra el comercio ambulante pretendiendo su exterminio, es un emblema del segundo y último mandato presidencial clasista de Sebastián Piñera, que aun jugando los descuentos, insiste en criminalizar y arremeter contra los millones de hombres y mujeres que ejercen ese oficio sin posibilidad de acceder a un trabajo formal – porque no hay – como único medio de subsistencia.
Lo hacen desprovistos de cualquier sistema de seguridad social que les dé protección, sin expectativas ni futuro alguno, en medio del desamparo que es lo único que les entrega el modelo neoliberal ajeno a las necesidades populares y cuya mezquindad los hace aparecer como parias de la sociedad convertidos en delincuentes.
El frío modelo no les ofrece nada, ninguna posibilidad laboral ni ninguna alternativa, sino que solo los demoniza destruyendo su imagen de esforzados trabajadores callejeros y ahora les anuncia más represión y persecución, todo ello en circunstancias en que Chile atraviesa por una delicada crisis sanitaria, social y económica de imprevisibles consecuencias.
A través de la nueva ley recientemente promulgada que sanciona el comercio ilegal y fortalece la fiscalización de las policías dotadas de más herramientas, Piñera desahoga su encono contra el pueblo, los pobres, la clase trabajadora y los cesantes, a los que nunca ni siquiera mencionó, como si no existieran, en sus discursos desde La Moneda en que se supone los involucró en sus alusiones a los “sectores vulnerables”.
Al promulgar el citado cuerpo legal el acaudalado empresario sostuvo que “lo que vemos en las calles y en las plazas es solo la punta del iceberg”. No dijo que es el iceberg de los abusos, las desigualdades e injusticias que apabullan a la población desprovista absolutamente de recursos económicos para sobrevivir.
Según el todavía presidente, “el comercio ilegal significa una red de crimen organizado y muchas veces, verdaderas mafias que tratan de saltarse muchas leyes”. Se abstuvo de precisar que los que se saltan las leyes están en la minoría ricachona que él representa, que incurren en robos o “apropiaciones indebidas”, corruptelas y colusiones para acrecentar sus fortunas, delitos que suelen quedar sin sanción más allá de clases de ética en una universidad privada.
Confundido y contrariado porque cada día se reduce su cuestionada permanencia en la jefatura de Estado, Piñera aseveró que el comercio informal va asociado a la delincuencia. “Donde hay concentración de comerciantes ambulantes hay robos, hurtos, asaltos y mucha violencia”. Lo que no dijo es que quienes suman violencia son los uniformados que reprimen con brutalidad a los vendedores callejeros y les decomisan sus mercaderías que no se sabe dónde van a parar.
Actuando como vocero de los grandes mercaderes que no quieren competencia, el gobernante afirmó que “se está dañando a los verdaderos comerciantes, a los que pagan impuestos y cumplen con las reglas laborales”. La Cámara Nacional de Comercio quedó feliz y agradecida de la intervención piñerista que es otro aporte al modelo de desigualdades.
Ni media palabra de autocrítica ni ningún anuncio de creación de empleos. Solo amenazas dirigidas a los perdedores de siempre, a los que se esfuerzan por obtener algunas monedas para afrontar el desempleo y que van en aumento en la medida que persiste la crisis ocasionada por el modelo y acentuada por la pandemia. Si hay uno o más delincuentes, no se puede generalizar.
El comercio ambulante es una expresión rotunda de la marginalidad y precariedad en la que se encuentra gran parte de la población, que sobrevive a duras penas. No se le puede hacer desaparecer por decreto o por leyes de última hora, sino que con soluciones justas, generando trabajos formales y salarios decentes, como parte de una sociedad de bienestar.
En plena pandemia la nueva ley impone a estos cesantes con rótulo de vendedores ocasionales las penas del infierno, con elevadas multas y presidio incluido. Es lamentable que la CUT u otros organismos sindicales, sociales o poblacionales mantengan silencio ante ésta que es una de las últimas injusticias del régimen piñerista, desconectado de la realidad.
Lejos del pueblo, el magnate Piñera – afortunado en los negocios pero un fracaso en la política – gobernó mientras pudo, hasta el 18 de octubre de 2019. Desde entonces se ha mantenido transmitiendo su odio irracional contra las clases populares, en lo que sin duda seguirá hasta el último día de su desastrosa administración.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
