Autores: NICOLAS SEPULVEDA, CATALINA OLATE y BENJAMIN MIRANDA
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DESCRIBEN ENTRENAMIENTO INSUFICIENTE, PROLIFERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS Y ESCASO APOYO DE LOS OFICIALES AL PATRULLAJE
Hablan suboficiales de Carabineros: jornadas extenuantes y alarmante baja del personal destinado a enfrentar la delincuencia
A pesar de que son una pieza clave en el combate al crimen organizado, la voz de los suboficiales de Carabineros estaba ausente en el debate por la crisis de seguridad. CIPER escuchó las demandas de carabineros, cabos, sargentos y suboficiales, que son los que enfrentan a las bandas. Dicen que soportan turnos extenuantes, que las dotaciones para las tareas en la calle no son suficientes, que el entrenamiento con armas es casi simbólico, que la alta carga laboral ha motivado la normalización de licencias médicas falsas y que los oficiales prestan poca atención al trabajo de patrullaje porque están más preocupados de que se cumpla con el papeleo. Documentos que detallan la distribución de efectivos en las comisarías confirman las quejas: el personal destinado a patrullaje y recepción de denuncias puede ser menor al 30% de la dotación.
Cuando el miércoles 22 de marzo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, concretó la cuarta demolición de una narco casa, el operativo recibió apoyo de carabineros de otras comunas. Nueve de ellos venían de la 20° Comisaría de Puente Alto, la que ese día, y por esa razón, tuvo que disminuir el resguardo en el centro de su comuna. Si habitualmente ese servicio lo hacen dos radiopatrullas con cuatro efectivos a bordo, ese miércoles se redujo a la mitad.
CIPER tuvo a la vista los informes de servicios diarios de esa y otras comisarías, y en ellos aparece nítido uno de los ingredientes que alimentan la crisis de seguridad: son pocos los funcionarios que patrullan las calles. Si al total de la dotación de una comisaría se restan los carabineros dedicados a labores administrativas, en comisión de servicio, enviados a operativos especiales en otras zonas, de vacaciones, fuera de turno o con licencia médica, muchas veces solo el 10% del total se destina a patrullar o a atender emergencias —como una llamada por violencia intrafamiliar o por un asalto— en un turno.
Los suboficiales dicen que quienes cargan con la responsabilidad de atender directamente la seguridad de los ciudadanos son dos tipos de carabineros: los “de calle” (que patrullan) y los que atienden la guardia en la comisaría (que reciben denuncias y digitan los partes policiales que llegan escritos a mano de los recorridos por la vía pública).
Por ejemplo, el 11 de febrero pasado más del 70% de la dotación de la 1° Comisaría de La Serena estaba destinada a labores administrativas, a cubrir la seguridad de un partido de fútbol, prestar apoyo a otras reparticiones, de día libre o con licencia médica. Al 30% restante habría que descontar al personal que estaba fuera de turno. Esa mañana, la comisaría solo tenía disponible para patrullaje y emergencias al 8,6% de su personal.
Para este reportaje entrevistamos a suboficiales de comisarías de Puente Alto, Pudahuel, Santiago, Providencia, La Serena, Temuco, Linares, Talca y Villa Alemana. Y tuvimos a la vista documentos que detallan las destinaciones de cada uno de los funcionarios de comisarías de Peñalolén, La Serena, Puente Alto y Ñuñoa.
Todas las entrevistas se hicieron bajo reserva de la identidad de los suboficiales, porque no les está permitido conversar con la prensa. CIPER decidió escucharlos porque, aunque constituyen el principal eslabón en la cadena de combate al crimen, su voz ha estado ausente del debate que se instaló luego del asesinato de tres de sus colegas en menos de un mes.
“Antes salían cuatro cuadrantes para una población de 170 mil personas. Hoy salen dos”, dijo un funcionario de la 6° Comisaría de Villa Alemana, quien atribuye esa caída a que los mandos están más preocupados de cumplir con la labor administrativa —con ”el papeleo”— que con las tareas de patrullaje. Y es una crítica que se repite. Otros funcionarios también aseguraron que los oficiales de sus unidades dan prioridad a que el trabajo administrativo no sea objetado, lo que les ahorra problemas con los superiores, aunque eso genere un recorte en el despliegue policial en las calles.
Un excomisario de una comuna de la Región Metropolitana explicó a CIPER que la atención preferente a las tareas administrativas se produce porque a los oficiales no los sancionan “por un error en un procedimiento, sino por no mandar las cuentas a la prefectura. Y en las comisarías elegimos a los mejorcitos para que nos hagan la pega administrativa”.
“Lo primero es el cero respaldo del mando hacia el policía que trabaja en la calle. Si usted se manda un condoro, le dan la baja inmediata. Ellos (los oficiales) dan de baja antes de investigar. Por eso hoy los PNI (Personal de Nombramiento Institucional, los suboficiales) no quieren trabajar en la calle”, aseguró un funcionario de la 19° Comisaría de Providencia.
Un suboficial de una unidad de Villa Alemana cuenta que, como la prioridad del mando, según él, no está en los servicios de calle, los suboficiales no se arriesgan a internarse en sectores conflictivos sin apoyo: “Nosotros estamos al ladito de Belloto, donde asesinaron el otro día a Rita (Rita Olivares, carabinera asesinada a fines de marzo en Quilpué). Uno escucha por radio los procedimientos y tratamos de que llegue cooperación de otras unidades, sino no nos metemos a las poblaciones, porque tenemos con suerte dos furgones. Anda uno arriesgándose. El mando en sí está potenciando su labor interna, administrativa, para que ellos no sean observados. Pero a la calle no le dan prioridad, los carabineros de la calle están todos reventados”.
Otros funcionarios agregaron que el trabajo en la calle implica turnos extenuantes y que muchas veces no tienen acceso a fines de semana libres. Una situación diferente a quienes tienen a cargo la labor administrativa en las comisarías, que sí acceden a descansar los fines de semana. La fuerte carga laboral, comentan, incide en el alto porcentaje de policías con licencia médica, lo que a la vez disminuye la capacidad de despliegue territorial de Carabineros.
“En todas las comisarías, al menos, el 25% del personal está con licencia médica. Eso pasa porque con los turnos te revientan. Hay muchos turnos de 12 horas y el carabinero lo que hace es tirar licencia médica. Hay carabineros que están al borde de matarse. Si alguien que viene de una región pide permiso para ir a ver a su familia, a la vuelta lo sobrecargan con turnos. Entonces, la solución para el carabinero es tirar una licencia. Todo es por mala administración”, acusa un funcionario que presta servicio en Villa Alemana.
La situación del personal con licencia médica también ha alcanzado a los oficiales. La jefa de la 4° Comisaría de Santiago —a la que pertenecía el cabo Daniel Palma, asesinado la noche del 5 de abril—, Marcela Cuevas Muñoz, está desde hace meses con licencia. En paralelo, enfrenta un proceso en la justicia por malversación de caudales públicos en el “megafraude” de Carabineros. La cantidad de oficiales implicados en ese desfalco (que ya roza los $30 mil millones), también es un factor que genera malestar y rabia a los suboficiales.
Las cifras oficiales que CIPER tuvo a la vista confirman que la alta cantidad de licencias médicas es un problema. El 29 de septiembre del año pasado, el 20% de la dotación total de oficiales y suboficiales de la 18° Comisaría de Ñuñoa estaba con licencia médica. Y por esas mismas fechas, un tercio del personal de la 20° Comisaría de Puente Alto estaba ausente por la misma razón (vea el reportaje de CIPER “¿Dónde están los carabineros?: en fiestas patrias el 30% del personal de la 20ª comisaría presentó licencia médica”).
A raíz del reportaje mencionado en el párrafo anterior, la Subsecretaría del Interior ofició a Carabineros para que en los informes periódicos que la institución entrega a la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol) “se consideren datos relativos a la disponibilidad policial. Esto incluye la cantidad de funcionarios y funcionarias con licencias médicas”. En Interior entregaron a CIPER parte de la información que ya recibieron. Y aunque no está el detalle de funcionarios con licencia médica, sí transparentaron el porcentaje de carabineros ausentes de las comisarías.
En febrero pasado, a nivel nacional, el 34% del personal de orden y seguridad no estuvo disponible. Esto incluye a funcionarios con “licencias médicas, licencias maternales, cuarentena policial, feriados legales, permisos de distinta índole y otros motivos”, indica el documento entregado por Interior (vea aquí esa respuesta completa). El promedio del personal ausente entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 ascendió a 27%.
En septiembre pasado, Carabineros le dijo a CIPER que, según sus estimaciones, el promedio de personal con licencia médica, a nivel nacional, ascendía a 17,5%.
—Si una comisaría tiene 200 efectivos, 30 o 40 están en trabajos administrativos. Si le sumas licencias médicas, ya tienes el 40% de la comisaría fuera de la parte operativa. Y los que hacen guardia, son otros tantos. Nunca vas a poder cubrir todos los cuadrantes ¿Por qué no contratan civiles para hacer la guardia? Porque el civil no te va a aguantar trabajar 60 horas a la semana, pero el “paquito” sí aguanta, porque no puede reclamar. Y si reclama, lo sancionan- aseguró un uniformado de la 20° Comisaría de Puente Alto.
Funcionarios de una unidad de Linares indicaron que actualmente “solo hay un carabinero con licencia”, pero reconocieron que en períodos anteriores el grupo en esa situación ascendió hasta el 30% de la dotación. Según el funcionario entrevistado, llegó un nuevo mando a la comisaría que los “mandó a todos de vuelta”.
Desde la Subsecretaría del Interior indicaron que están trabajando en un plan para mejorar las condiciones de salud de los carabineros: “La Digempol de la Subsecretaría del Interior ya comenzó a trabajar en conjunto con la Dirección de Salud de Carabineros de Chile en la revisión del sistema de salud y bienestar de la policía uniformada, con el propósito de diseñar un plan de trabajo que permita mejorar la cobertura médica que hoy reciben tanto los funcionarios de Carabineros, como también los de la PDI y Gendarmería”.
En Carabineros no respondieron las preguntas para este reportaje.
SUBEN LAS LICENCIAS, BAJA LA DOTACIÓN
Todos los suboficiales que conversaron con CIPER coincidieron en que el personal de la comisaría en que se desempeñan no da abasto para las funciones administrativas, operativas o de guardia, que deben ejercer a diario. Los funcionarios apuntaron a que esto ocurre, principalmente, porque han aumentado las bajas voluntarias y las licencias por estrés. Ambas situaciones se explicarían por malas condiciones laborales, turnos extensos y una relación tirante con oficiales cuyas decisiones no pueden ser cuestionadas, aunque afecten la vida familiar y el descanso de los suboficiales.
—El principal problema es la sobrecarga laboral. En las guardias trabajas 12 o 13 horas diarias. Al mes, casi 260 horas- dijo un funcionario que se desempeña en una unidad de Puente Alto.
Los uniformados que realizan labores de guardia están encargados de recibir las denuncias ciudadanas y los partes que ingresan sus colegas que cumplen servicio de población. El día se divide en dos turnos de 12 horas: uno de 08:00 a 20:00 y el segundo en el resto de la jornada. Los entrevistados afirman que el ritmo de trabajo se hizo mucho más pesado cuando, a mediados del año pasado, un instructivo de la dirección regional de Carabineros en la Región Metropolitana eliminó los días libres entre los turnos y solo quedaron los “salientes nocturnos”, que son utilizados para dormir.
Además, los funcionarios indican que, en la práctica, el trabajo no termina a las 20:00 y muchas veces se extiende hasta las 22:00 o 23:00. Todo depende del oficial que debe validar los partes y denuncias digitados por los funcionarios de la guardia, para ingresarlos al sistema de Carabineros. Los suboficiales que trabajan en esta área y que fueron contactados por CIPER, indican que, a veces, ese proceso se demora solo por la falta de aplicación de sus superiores:
—Durante el día, el comisario de servicio tiene que revisar los partes para que la guardia salga a las ocho, pero los revisan tarde o mal: el comisario pasa media hora en otra cosa, sale, pasea, conversa, y al final retrasa el horario de salida de guardia. Eso termina afectando la vida personal del funcionario. Por ejemplo, es imposible mantener una vida familiar con ese nivel de sobrecarga—, comentó uno de los funcionarios entrevistados.
Por estas razones es que la labor de guardia, al menos en el sector sur de la capital, se ha tornado una suerte de “castigo” para aquellos suboficiales que piden días libres, que retoman funciones después de haber estado con licencia médica o que cometieron un error en su trabajo. “Si te pegaste una embarrada o tiraste una licencia médica, te tiran a hacer guardia”, acota un policía de Puente Alto.
En el caso de los suboficiales que trabajan fuera de Santiago, uno de los temas que más preocupan son los traslados. Así lo denuncia un policía que se desempeñó durante dos décadas en una unidad regional, hasta que fue destinado por “necesidades de la institución” a cientos de kilómetros, sin motivo aparente.
Ese tipo de “abusos”, dice el suboficial, ha provocado que “mucho personal se esté yendo de la institución”.
Los entrevistados coinciden en que esos “abusos” evidencian un trato despectivo de los oficiales. La impresión es transversal: desde Villa Alemana dijeron a CIPER que al interior de las comisarías “no se valora la trayectoria o los años de servicio de los suboficiales”; en Providencia, uno de los entrevistados afirmó que “los oficiales se creen dueños de las comisarías” y que a veces se generan “roces” porque “el suboficial de calle sabe mucho más que el oficial que pasa encerrado en la oficina”; mientras que un suboficial de Talca apuntó a que “el clima laboral es tan complicado” que muchas veces “uno tiene más miedo de lo que puede pasar dentro que fuera de la comisaría”.
Según testimonios recogidos en la 20° Comisaría de Puente Alto, allí el “abuso de los oficiales” incluso se manifiesta a través “del cobro de favores injustificados y que no tienen ningún sentido más que evidenciar la diferencia de grado”:
—Si uno necesita salir para hacer un trámite, pide permiso, pero después lo tiene que pagar con un favor. O si el funcionario es de región y quiere visitar a la familia, a la vuelta tiene que llegar con cosas para los jefes: vinos, queques, queso de cabra, charqui. Tengo varios compañeros de promoción en diversos lugares de Chile y a todos les pasa lo mismo. Es como una cultura de la institución.
"EN EL APURO SE OLVIDAN LAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD"
“Todavía estamos con la política de los ’90. Han cambiado pocas cosas: el chaquetón de paño ahora es una chaqueta operativa y antes andábamos con correas y ahora con cinturón. Pero, no ha cambiado ni el armamento ni la preparación”, cuenta un funcionario de la 20ª Comisaría de Puente Alto.
Equipos de seguridad obsoletos son tema recurrente para los suboficiales que hablaron con CIPER. Un funcionario de la Prefectura de Control de Orden Público (COP) de La Araucanía, cuenta que en su unidad —así como en otros destacamentos—, muchas veces no hay stock de elementos de protección: “Algunos chalecos (antibalas) están hace cuatro o cinco años vencidos”. Un uniformado de Linares señala que los cascos de protección son antitrauma, “pero no antibala”.
La mañana del viernes 7 de abril a eso de las 10:00, el Gobierno se reunió de urgencia con el Alto Mando de Carabineros y de la PDI. Tras esa junta, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que una de las nuevas medidas de seguridad para los funcionarios sería “lograr como estándar universal (…) que los vehículos policiales tengan puertas blindadas”. El anuncio se hizo luego de los tres homicidios de carabineros en menos de un mes.
Los suboficiales que aceptaron conversar con CIPER dicen que hay dos problemas con los vehículos institucionales: hay pocos por unidad y cuando se mejora la carrocería, esta sigue presentando fallas.
“En casi todas las comisarías y destacamentos hay apenas un vehículo funcionando bien y no son blindados”, afirma el policía que presta labores en la COP. Más de un uniformado señaló a CIPER que la situación no es muy distinta a la de cinco años atrás, previo al estallido social. Marcelo Obando era un suboficial de la Tercera Comisaría de Talca, llevaba 28 años en la institución cuando, en 2018, se acogió a retiro: “Carabineros cuenta con vehículos modernos, pero no blindados”, dice. “Hay una mínima parte de blindados que están en La Araucanía, en zonas de Santiago, que son vehículos tácticos que están para unidades de control de orden público. Los que andan en las calles y poblaciones no son blindados, uno no puede tener una real seguridad”.
El pasado miércoles 6 de abril, el cabo Daniel Palma, motorista de la 4° comisaría de Santiago, resguardaba el perímetro del Teatro Caupolicán cuando Carabineros recibió el aviso de una balacera, originada por un aparente cobro de arriendo, en una casa tomada en un cité ubicado en la esquina de San Francisco con Coquimbo, en Santiago Centro. Los sospechosos se dispersaron: unos se fueron a pie y otros cuatro en un Chevrolet Sonic azul. En Arturo Prat con Avenida Matta, los del auto se encontraron con el cabo Palma en su moto. Aunque el carabinero había llegado con un compañero a esa intersección, según dijo la fiscalía, habría estado solo cuando se acercó a fiscalizar a los ocupantes del auto, quienes le dispararon dos veces en la cabeza. A las 02:02, el director de la ex Posta Central, Patricio Barría, informó su fallecimiento.
Uno de los policías de Puente Alto describe uno de los protocolos de fiscalización. “Hay algo que se llama triangulación”, señala. “Uno controla y el otro le presta cobertura por el lado del copiloto, cuando hay que controlar vehículos”. Pero el mismo uniformado dice que estos procedimientos se incumplen por la presión de sus superiores para cumplir metas:
—Los comisarios defienden sus estadísticas. “Aumentamos de 100 a 200 los controles vehiculares este mes” o lo mismo con las detenciones. Pero eso va de la mano de la sobreexplotación de carabineros.
—¿Cada cuánto se realizan las prácticas de tiro?
A esa pregunta, las respuestas varían: “Una vez al año, son como tres cargadores de 15 tiros y son como 60 máximo”, dice un policía. Otro menciona que son “como 30 tiros, con suerte”. El carabinero que trabaja en la COP afirma que “ahora están siendo dos veces al año. Eso empezó ahora”.
Pero la mayoría coincide en un aspecto. Usar sus armas en la vida real es muy distinto al entrenamiento que realizan en los polígonos de tiro. —Es una práctica de precisión. Sin ruido ambiente, sin estrés, eso no es lo qué pasa en la calle. No tenemos la capacitación para disparar en ambientes reales— dice uno de los funcionarios de la 20ª Comisaría de Puente Alto. —En la vida real es distinto. Yo tengo que cuidarme a mí y cuidar a la gente que anda a mi cargo— sostiene un suboficial que trabaja en la 5° Comisaría de La Serena. Un uniformado de la 19º Comisaría de Providencia dijo a CIPER que el entrenamiento se limita solo a disparar al blanco: “En la calle hay otros problemas, el armamento se puede trabar, es distinto disparar agitado que tranquilo. En la escuela tampoco nos entrenan para enfrentarnos a tiros con delincuentes”. Daniel Soto, coronel en retiro y ex profesor de derechos humanos de Carabineros, asegura que el entrenamiento que se da a la policía uniformada es insuficiente, ya que, a su parecer, el “elemento de uso de la fuerza” debiera incluir defensa personal y técnicas de intervención en distintos escenarios: “Las prácticas de tiro se han transformado en una ritualidad, son ineficaces, porque el policía se para frente al objetivo y esa no es la realidad. Existe un proceso formativo que es muy extenso, pero que mide solo lo teórico, no hay evaluación de competencias”. Luego de años en que su uso estuvo limitado, a raíz del crimen de Manuel Gutiérrez en 2011, el pasado 29 de marzo, en una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, las subametralladoras UZI volvieron a ser divisadas en manos de la policía. “Tú vas a la práctica de tiro que te toca una vez al año, o cada dos años, son 15 tiros para calentar la mano y 15 tiros evaluados. Hay un mínimo porcentaje que ha recibido el entrenamiento de la UZI. Los carabineros y los cabos segundos no pueden portarlas. Hay una clase teórica que dura 10 minutos: así se carga, así se descarga, así se apunta. Te ponen el equipo de protección y disparas”, dice un suboficial de Puente Alto. CIPER accedió a la Cartilla de Porte y Uso de la Subametralladora U.Z.I en Diferentes Servicios Policiales, de 2016, que regula y norma el uso institucional de esta arma. En el documento se señala que están habilitados para portarla los oficiales y también los suboficiales que tengan los conocimientos necesarios y la respectiva validación, otorgada por la Prefectura de Operaciones Especiales GOPE y sus unidades regionales. Según este reglamento, entre las condiciones para que los suboficiales hagan uso de una UZI se considera “tener el grado de Cabo 1°, con no menos de 7 años de servicios y hasta el grado de Suboficial Mayor”. Además, se requiere haber participado, al menos una vez al año, en la práctica de tiro y retroalimentación en armas de fuego. Para los suboficiales el panorama entre esas prácticas y la vida real cambia drásticamente. “En el apuro se olvidan las técnicas de seguridad. Esas técnicas no se implementan, porque se hacen los cursos, pero después no se refuerzan. Se aprende, se firma un papel y después no se refuerza ni se actualiza”, comenta uno de los uniformados. Para un funcionario de Villa Alemana, que retornen la UZI a los procedimientos policiales no va a cambiar la situación de inseguridad que viven los policías: —Sea un revolver o una UZI, no va a ser la solución. Antes nosotros salíamos con UZI, pero no podíamos usarlas. Cuando nos bajábamos de los carros policiales, las dejábamos en los carros, y al final rompían el vidrio y se robaban las UZI. Ahora va a pasar lo mismo. Ya pasa que se roban chalecos antibalas y cascos, ahora se van a meter directamente a robar las UZI. Y una UZI viene con cargador de entre 17 y 22 tiros. Es incómoda en un procedimiento de VIF (violencia intrafamiliar), por ejemplo, donde hay que reducir a un tipo. Tú no vas a ir con una UZI a reducirlo.
