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EL DERRUMBE DE LA INSTITUCIONALIDAD TRANSICIONAL

Autor: MAXIMILIANO RODRÍGUEZ


Resulta incuestionable a estas alturas que la burguesía local se encuentra entrampada en una crisis. De lo que ahora se trata es de comprender la naturaleza y alcances de esta.


Si algo caracterizó a la ofensiva neoliberal fue el poner en el centro de la dominación burguesa la cuestión de la relación entre Estado y economía, acentuando aún más la preponderancia que esta última tiene al interior de las sociedades capitalistas.


En Chile, la institucionalidad y la conducción económica implementada por los distintos gobiernos democráticos constituyeron los pilares sobre los que se articuló el equilibrio de poder del período transicional. La particularidad de la actual crisis radica –entre otras cosas– precisamente en la falta de acuerdo al interior de la burguesía chilena sobre cómo el Estado y su institucionalidad deberían relacionarse con la economía.


¿Cómo se articularon las esferas político-estatal y económica durante el período transicional? En términos generales, la conducción económica y la arquitectura que se forjó para materializarla apuntó a la mantención de los denominados equilibrios macroeconómicos: inflación, gasto público y saldo externo.


En lo monetario, la arquitectura de la institucionalidad económica transicional tuvo por objetivo garantizar el control de la inflación. Esto a través del establecimiento de un Banco Central autónomo con prohibición expresa –según lo establecido en la misma Constitución– de financiar los déficits públicos. Dicha orientación se vio reforzada por la adopción por parte del ente emisor de la política de metas de inflación a comienzos de la década de los 90’, y ratificada a fines de aquella en el contexto de la crisis asiática.


Por otra parte, aun cuando –y por su propia naturaleza– la política fiscal mantuvo mayores grados de discrecionalidad, esta se orientó a establecer un control del gasto público a través de su focalización. Sin embargo, esta no alcanzó el mismo grado de fijación institucional que la monetaria, aunque hubo esfuerzos en dicho sentido, como la regla de superávit estructural establecida a inicios del gobierno de Lagos.


Finalmente, la política económica se orientó hacia la obtención de un saldo externo positivo, fomentando (subsidios incluidos) las actividades exportadoras. Todo esto en un marco de apertura comercial (baja unilateral de aranceles, firma de tratados comerciales), garantías a la inversión extranjera y retiro del Estado de la actividad económica (privilegio de la acción del capital privado por sobre el estatal).


Ahora bien, en el último tiempo se han ido acumulando una serie de acontecimientos que dan cuenta de hasta qué punto el consenso transicional de los partidos burgueses se ha diluido, y hasta dónde la institucionalidad que lo sustentó –especialmente en lo económico– se encuentra resquebrajada.


Fue durante los últimos meses del segundo gobierno de Bachelet que parte de su equipo económico renunció en bloque, marcando un hecho sin precedente dentro de las administraciones civiles del capitalismo local posteriores a la dictadura. En esa ocasión, fue el rechazo del proyecto minero Dominga lo que desencadenó la renuncia conjunta de los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, y del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.


El trasfondo de la pugna que cruzó al gobierno lo dejó entrever el mismo Valdés en sus palabras de renuncia. De acuerdo al ex ministro, «avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno, y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables». Era así una disputa en torno a las posibles líneas de acción que tiene la burguesía local para dinamizar la actividad económica frente al agotamiento relativo que hace ya tiempo muestra el patrón de acumulación, y el marco institucional que encausará la acumulación capitalista durante las próximas décadas.


El otro hecho que marca el quiebre de la política e institucionalidad transicional en lo económico es la negativa del Congreso nacional para ratificar la suscripción del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11). Lo que desde el gobierno de Frei en adelante constituyó un consenso transversal entre los partidos burgueses, hoy en día se encuentra en entredicho por las fuerzas representadas en el Congreso. Y esto no porque algún extraño fenómeno haya convertido a los partidos de la burguesía chilena en acérrimos defensores del socialismo o algo por el estilo, sino simplemente porque la ausencia de una estrategia global los sume en una ola de oportunismo electoral y cálculos políticos de corto plazo.


Pero donde con mayor notoriedad ha quedado evidencia el desbande de la burguesía local y sus partidos es sin duda en los sucesivos retiros de los fondos previsionales que, a raíz de los efectos de la pandemia, ha impulsado la diputada Pamela Jiles.


Entre tragedia y comedia, se conjugaron todos los elementos de una tormenta perfecta para hacer saltar por los aires la conducción fiscal del período transicional: un gobierno que llegaba tarde con las ayudas a la población e insistía tozudamente en la focalización del gasto, un desempleo que escalaba por sobre los dos dígitos y un sistema de previsional cuya credibilidad está hace rato por los suelos producto de las bajas pensiones que entrega. Todo ello en un contexto de un gobierno con minoría parlamentaria, debilitado políticamente a causa del estallido social y unas elecciones presidenciales y parlamentarias a la vuelta de la esquina.


Hasta el día de hoy la llave de los fondos previsionales sigue abierta, pronta a aprobarse un cuarto retiro, y sin perspectivas de cerrarse en lo inmediato. Esto solo puede redundar en una expansión permanente del gasto fiscal en vistas a pagar las pensiones de aquellos cotizantes que no alcanzan siquiera a financiar el mínimo con sus propios ahorros.


Cuestionada la institucionalidad que encausa y dirime las pugnas inter burguesas en torno a los grandes proyectos de inversión, roto el consenso sobre la política de inserción internacional que la burguesía local siguió durante estos años y quebrada la disciplina fiscal, ¿qué queda de toda la política e institucionalidad económica que la burguesía chilena levantó durante el período transicional? Sumando y restando, lo único que va quedando es el Banco Central y la política de control inflacionario, aunque en el contexto de la discusión constitucional por la que atraviesa el país también es probable que se vea cuestionada.


Los trabajadores deben ser cautelosos y escépticos frente esta ola de oportunismo burgués. Bajo la demagógica bandera del “anti neoliberalismo”, pueden terminar incluso peor de donde estaban, tal como ha demostrado la experiencia de otros países latinoamericanos (Argentina, Venezuela). Los desequilibrios macroeconómicos auguran una combinación de mayores niveles de inflación, futuros recortes presupuestarios, expansión del endeudamiento fiscal y mayores cargas tributarias.




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