EMBESTIDA CONTRA LOS DESPOSEÍDOS

Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO

              “Es lamentable que el poder judicial de este país no funcione para la gente pobre”,  dice con desaliento Sandra Vergara, presidenta de la Unión de Campamentos Placillanos, a raíz de uno de los tantos desalojos de familias desposeídas que  - sin otra alternativa para sobrevivir -  se habían tomado una propiedad particular en Valparaíso.

              Ella pertenece al campamento “Unión Sin Fronteras”, del sector oriente de Placilla de Peñuelas, ocupado por  mujeres y hombres chilenos que parecen estar en el aire, no

solo sin vivienda  sino que muchos de ellos sin trabajo, sin dinero ni expectativas, para arrendar en otra parte donde poder disponer al menos de tranquilidad y donde poder permanecer  sin amenazas  de que en cualquier momento va a llegar la fuerza pública que ordene el abandono del lugar.

              Desde 2020 había allí 120 familias habitando en un sitio eriazo, inhóspito y carente de servicios vitales. En la mayoría de las veces el jefe de hogar está cesante,  hay niños y adultos mayores y las necesidades de diverso tipo van sumando  y acrecentándose ante la angustia generalizada.

              La gente pobre, a que alude Sandra Vergara, es la gran olvidada del modelo de desigualdades que aplica la casta política, al acatar sin reparos lo que determinan los dueños del dinero. Los pobres, los cesantes y los sin casa, endeudados y morosos sin vuelta, pagan las consecuencias.

              En el caso de Placilla de Peñuelas el modelo neoliberal que viene de la dictadura ha funcionado de acuerdo a los intereses del dinero. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó las instancias presentadas por los afectados que habían pedido un poco más de tiempo para el desalojo,  de modo que las personas pudieran salir dignamente y  llevándose todas sus escasas pertenencias antes de que éstas  fueran demolidas a vista y paciencia de todos.

              La acción de un escuadrón de carabineros se concretó en los últimos días de octubre, coincidiendo con la celebración del “día del ahorro”.  En Chile, el verbo ahorrar no es conocido por las grandes mayorías. Más bien, les parece un chiste de mal gusto.

               El catastro nacional de Techo Chile muestra un aumento preocupante: entre 2021 y 2025: los campamentos crecieron de  969 a 1.428, y las familias de 81.613 a más de 120 mil. Las mayores cifras de déficit habitacional se registran en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso y el Área Metropolitana. En el país se viene diciendo hace tiempo que faltan medio millón de viviendas.

              Sería injusto atribuir esta situación solo al actual gobierno,  que ha reconocido la magnitud del problema y propuesto  un plan de emergencia habitacional para urbanizar estos asentamientos beneficiando a 4.500 familias por año. Pero incluso con este esfuerzo el plan no está funcionando para muchos  y los logros parciales se han combinado con fracasos de alto costo social,  como el aumento de desalojos.

              Las cifras vuelven a evidenciar la necesidad de replantear la acción del Estado en esta materia,  que traduce la miseria en que se desenvuelve la vida de buena parte de las clases populares. Este es un problema mayor que no se resuelve únicamente con viviendas, sino que requiere una estrategia intersectorial.

              Claramente han fracasado las políticas habitacionales de todos los gobiernos, que no han abordado lo que ocurre en profundidad. Según el último catastro  nacional, un elevado porcentaje de quienes viven en estos asentamientos precarios declara que lo hace por sus bajos ingresos, por el alto costo de los arriendos, por falta de empleo y por necesidad de independencia (dejar de ser allegados).

              En el último tiempo el aumento de personas pobres en campamentos ha sido explosivo. También se acrecienta la serie de sucesivos desalojos que vienen ordenando las Cortes de Apelaciones de distintas ciudades del país, refrendadas por la Corte Suprema que conoce y actúa con rapidez ante las denuncias de los propietarios de los terrenos ocupados.

              Falta por saber lo que ocurrirá con la megatoma más grande de Chile, en la comuna de San Antonio, donde sobre 10 mil personas se encuentran ocupando 200 hectáreas. Una solución definitiva se ha ido aplazando con una posición gubernamental que ha sido débil, ante la inmobiliaria propietaria del extenso predio ocupado.

              En el desalojo de Placilla de Peñuelas, en los Calicheros de Quilpué y en otros casos similares, las medidas de mitigación dispuestas por las autoridades frente al drama de los pobladores afectados, no han sido las más adecuadas. Los albergues habilitados son insuficientes,  pequeños, inadecuados y por un tiempo limitado de no más de 3 días.

              Sin casa, sin trabajo, pero sí con pobreza, exclusión  y muchas deudas a su haber, el modelo embiste contra el  pueblo indefenso: a nadie puede extrañar que la crónica roja siga ganando espacios, diariamente.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso