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CAMBIOS NECESARIOS EN LA POLITICA PORTUARIA

Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO


Valparaíso, sus autoridades y su gente, celebran la normativa sobre política portuaria aprobada por la Convención Constitucional que se espera quede consagrada en la nueva Constitución Política de Chile, cuyo texto definitivo será plebiscitado el domingo cuatro de septiembre próximo.

Como todo lo que produce dividendos en este país, el ámbito portuario está controlado por el sector privado que en las últimas décadas – desde el segundo gobierno de la desaparecida Concertación – se ha visto favorecido por el manejo, explotación y principalmente las elevadas ganancias y utilidades que reporta esta actividad.

En el último pleno de la Convención por 104 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, quedó establecido que el Estado tendrá el deber de fijar una política nacional en la materia que se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero, la responsabilidad medioambiental y la vinculación con territorios y comunidades.

La normativa constitucional determina que los puertos deben tributar en las ciudades donde se albergan, lo que da viabilidad a proyectos como la Ley Valparaíso. Esta ha sido impulsada con vigor por el alcalde Jorge Sharp, pero no ha sido considerada por razones políticas, y por el contrario, ha venido siendo postergada.

Es la gran oportunidad para el repunte y recuperación de Valparaíso, que hoy es una ciudad golpeada y deteriorada por la falta de recursos. Antes de la actual alcaldía ciudadana, la municipalidad fue saqueada por administraciones de derecha – PDC y UDI – y ahora se esfuerza por entregar lo mejor a la población afrontando una deuda millonaria. La solución es que la ciudad reciba lo que le corresponde por el funcionamiento del puerto.

Sin considerar su condición de patrimonio cultural la dictadura despojó a Valparaíso de sus más importantes fuentes laborales. El desmantelamiento fue total en cuanto a empresas, industrias y fábricas, a partir de la desaparición de la tradicional Empresa Marítima del Estado, Empremar.

En plena semidemocracia concertacionista, el gobierno del demócrata cristiano Frei Ruiz-Tagle en sus afanes privatizadores puso término a la existencia de la estatal Empresa Portuaria de Chile, Emporchi, que congregaba a todos los puertos del país. De ahí en adelante su control fue tomado por grandes inversionistas privados como un negocio más, seguro y lucrativo.

Controlador mayoritario del puerto principal es Richard von Appen, actual presidente de la Sofofa. Este superrico pertenece al clan familiar von Appen, cómplice de la dictadura y financista de la estatua del almirante golpista Toribio Merino, cabecilla y articulador de la conjura que detonó trágicamente para el pueblo en 1973.

La derecha y los dueños del dinero no alcanzan a ver nada positivo en la nueva Constitución, a la que a su juicio no le corresponde abordar la actividad portuaria. Han salido en defensa de los que invierten para tratar de aumentar sus ganancias del día a día y sostienen que la norma aprobada producirá desincentivos a sus capitales que verán a la política portuaria como algo inestable.

Tania Madriaga, convencional de la coordinadora plurinacional, y una de las impulsoras de esta iniciativa, señala que cambiará la relación que hasta ahora se ha dado entre los puertos y las comunidades que han sido despojadas de sus bienes públicos y naturales. Los puertos deberán encontrar una fórmula de desarrollo compatible con el bienestar de la población.

A su vez, el alcalde Sharp destaca que los territorios, comunidades y gobiernos locales podrán recuperar sus riquezas para ponerlas a disposición de una estrategia de desarrollo que se traducirá en mayor bienestar para la gente. Por estos días hay un gran número de familias instaladas forzosamente en campamentos de tránsito en las partes altas y viviendo del comercio ambulante en el centro, por falta de otras alternativas.

Cuando los pocos privilegiados hacen ostentación de sus impresionantes fortunas y los muchos necesitados disponen con suerte de algún trabajo informal, la norma constitucional sobre el quehacer portuario que está en el borrador de la Carta Magna democrática apunta a mejores condiciones para Valparaíso y sus cerros, los porteños y sus expectativas.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso




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