Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
El cambio de mando producido en la dirección general de Carabineros es el momento propicio para que el gobierno del presidente Gabriel Boric comience a activar una de las tantas promesas de campaña con gran adhesión ciudadana que han quedado rezagadas y pérdidas en el tiempo, como es la refundación de esa institución policial.
Es la gran oportunidad para dar un giro sustancial a la policía uniformada cuyo general director hasta hace poco, Ricardo Yañez, hizo cuanto pudo para aferrarse al cargo, pero tuvo que abandonarlo en definitiva debido a su formalización por el Ministerio Público que se hallaba pendiente.
Yañez es un oficial de clara tendencia pinochetista que poco o nada tiene que ver con un régimen democrático, lo que le permite contar con el apoyo irrestricto y sostenido de la derecha política y sectores reaccionarios del país. Curiosamente con frecuencia también recibía el respaldo del presidente de la República.
Durante el estallido social de 2019 el citado oficial era titular de la dirección de orden y seguridad de Carabineros, y fue quien ordenó la represión de las llamadas "fuerzas especiales" contra las muchedumbres que repletaban las calles. Su formalización se produjo junto a la de otros dos integrantes del alto mando - Rozas y Olate - todos ellos agentes de la ofensiva antipopular que repelió las multitudinarias manifestaciones callejeras que se producían no sólo en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar sino que en todo el país.
Por cuidarle las espaldas y los intereses a los ricachones y al gobierno encabezado por el empresario Sebastián Piñera, Carabineros apoyado por el Ejército desató su animosidad y desprecio contra el pueblo con una violencia inusitada que no se veía desde la dictadura. La embestida uniformada fuertemente armada dejó en pocas semanas 30 muertos e innumerables heridos, mutilados y abusados.
Hasta ahora no hay explicación por las violentas agresiones policiales que causaron tantas víctimas fatales. A la vez hubo no menos de 420 hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, con graves lesiones oculares que les significaron la pérdida de uno de sus ojos. Con ceguera total quedaron Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, a quienes les dispararon proyectiles directamente a la cara.
Todas las víctimas estuvieron en la población civil, algunas de las cuales ni siquiera participaban en las marchas que exigían mejores condiciones de vida para el pueblo postergado. No hubo baja alguna en el personal uniformado, armado hasta los dientes, salvo algunos funcionarios con lesiones menores por pedradas. Los manifestantes no portaban armas.
La brutalidad de la represión contra quienes hacían uso de su legítimo derecho a manifestarse dio la vuelta al mundo. Las violaciones de los derechos humanos de miles de compatriotas fueron comparadas a lo ocurrido en la época negra del terrorismo de Estado instalado en los 17 años de la dictadura militar-empresarial.
El ahora ex general Yañez es investigado por su responsabilidad de mando y omisión por apremios ilegítimos en los días de la rebelión popular. A través de sus abogados el ex jefe policial logró aplazar su formalización una y otra vez hasta el primero de octubre, luego de que el Ejecutivo advirtiera que "si una autoridad es imputada, tiene que dejar el cargo".
Desde su mirada de extrema derecha, Yañez se victimiza, asegura que ha recibido el pago de Chile y se niega a aceptar que de millones de participantes en el estallido solo una pequeña minoría - olvidada por la sociedad - cometió desórdenes, disturbios y saqueos. Aunque no es el más indicado para hablar de democracia, insiste sobre ella y sostiene que no se le puede dejar en manos de vándalos.
Quizás por ello ordenó una acometida tan desproporcionada que dejó luto y tristeza en muchos hogares modestos, y que a la vez quedó reflejada en las cifras. Solo en la Fiscalía Centro Norte del Área Metropolitana se conocieron los casos de 2438 afectados por violencia institucional que recibieron proyectiles de armas de fuego, perdigones o lanzagases. La Fiscalía ha señalado que en corto tiempo hubo un récord mundial de traumas oculares.
El ex general director en sus tiempos de jefe de orden y seguridad tenía atribuciones para impedir que el personal a su cargo incurriera en acciones violentas, disparara a corta distancia al rostro de los manifestantes o practicara apremios ilegítimos que significaran un trato cruel, inhumano o degradante. No lo hizo y luego no ha mostrado arrepentimiento alguno, y no se descarta que en fecha próxima pase a militar en un partido pinochetista.
La historia dice que contra Carabineros está el hecho de haber participado en la dictadura genocida que se instaló en Chile tras el golpe de Estado que derrocó a un legítimo régimen constitucional, sin que hasta la fecha se le hayan introducido las reformas que hacen falta. No se olvidan los casos de corrupción al interior de sus filas, entre ellos la operación Huracán, Pacogate, etc. Los gobiernos de los países que no han sabido adaptar sus instituciones policiales al giro democratizador enfrentan con mayores dificultades su relación con la ciudadanía.
Para el pueblo el panorama es claro: es necesario que este gobierno retome su iniciativa de llevar a cabo la refundación de Carabineros a partir de una profunda reforma que considere los derechos de las personas, un trato afable a la ciudadanía y la protección de todos los chilenos, no solo de los que poseen mucho dinero. Hasta ahora lejos de facilitar la expresión democrática y la demanda social de vastos sectores de la sociedad, la policía militarizada ha centrado sus fuerzas en reprimirlas indiscriminadamente.
Ante todo, la policía es una institución al servicio de la comunidad. La realidad indica que sin una relación robusta entre la policía y la ciudadanía, la democracia se debilita peligrosamente.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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