COMISIÓN PARA LA PAZ Y EL ENTENDIMIENTO: OTRA INICIATIVA FRACASADA

Autor: RICARDO CANDIA CARES

El desconocimiento de lo que es el pueblo mapuche parte por creer que todo sus integrantes son iguales, bastando apellidarse con un patronímico escrito en legua de la tierra para serlo. Y creer que el problema de la tierra solo limita con hectáreas y títulos de dominio. El conflicto que crea el Estado chileno con la nación mapuche a partir de la mitad del siglo XIX es algo más complejo. 

Lo que ha hecho la Comisión para la Paz y el Entendimiento no es tan inocente como aparece en su esterilidad manifiesta y su parte soterrada, cuyos resultados han sido entregados al presidente Boric, y que se presentan como la solución en este largo proceso.

Esta Mesa funcionó con dos regiones bajo estado constitucional de emergencia desde el 18 de mayo de 2022, y con numerosos presos políticos mapuche que son a su vez los que más han luchado por eso que, en apariencia, intenta resolver Boric.

Se han hecho numerosos intentos por disolver una sociedad que es inentendible para la mayoría de los chilenos que se crían con una idea del ser mapuche como algo malo, poco digno de reconocimiento ni respeto. Ser mapuche es una carga, una especie de ofensa.

Y esa ignorancia inducida por los poderosos utilizando el Estado para el efecto, ha construido una valla que ha separado a mapuche y chilenos por la vía de reforzar la idea de que antes fueron heroicos e irreductibles guerreros, pero hoy son borrachos y flojos que quieren todo gratis. 

Nada hay en las propuestas presidenciales ideas que aborden esos hechos.

Se habla de violencia rural. Extraño concepto. La violencia histórica, estructural, cultural, se origina en el Estado chileno y se extiende por dos siglos. 

La violencia en contra del pueblo mapuche se sistematizó en la medida que aumentaba el apetito colonizador por esas feraces tierras. Fue una decisión política que apuntaba y apunta hacia el exterminio. Hacia el etnocidio.

Desde entonces hasta ahora, ¿se sabe cuántos mapuche han sido asesinados por las agencias del Estado y por la voracidad homicidas de quienes se robaron esas tierras? ¿Cuántas miles de familias fueron echadas a los caminos luego de que los terratenientes arrasaran con sus sementeras, casas, instalaciones e historia? ¿Cuánta violencia han vivido los niños mapuche ante la discriminación sufrida en la escuela, los hospitales, las instituciones y en las calles? Nunca se sabrá cuántas familias fueron diezmadas durante la dictadura, cuántos niños, cuántas mujeres mapuche.

¿A esa violencia apunta lo de la “violencia rural”?

Al parecer, en el discurso aguachento del presidente Boric la violencia es solo la que aplican los mapuche en su lucha. Necesita así quedar bien con la derecha que defiende a los terratenientes afectados en lo que va de conflicto.

No omitamos algo importante: para acusar al mapuche de crímenes, en no pocos casos se han inventado pruebas, falsificado procedimientos, acusado falsamente, procesado y condenado a inocentes y creado montajes policiales de gran envergadura.

¿Se puede llamar a esta violencia rural? 

Respecto del anuncio de una consulta a los mapuche: ¿Quién hará las preguntas respecto de qué tópicos? ¿Se hará en castellano o se usará algunos de los alfabetos que circulan de los que el mapuche común ni el chileno de a pie entiende nada? ¿Votarían los mapuche asentados en las ciudades que son la mayoría?

Un 87.8% vive en las ciudades y solo un 12.2% en los campos.

La nueva institucionalidad que busca reconocer al pueblo mapuche tiene una gracia: asume que no ha habido ningún reconocimiento del pueblo mapuche jamás. 

¿Cuál será el alcance de este reconocimiento? ¿Se hablará de autonomía? ¿O será de nuevo un iniciativa para eliminar lo mapuche asimilándolos a un homogeneizador y racista concepto de ciudadanos chilenos?

El concepto de tierra para el gobierno tiene la misma profundidad que tiene para las corredoras de propiedades: se mide en hectáreas. Si vamos a hablar de tierra, hablemos de forestales, de mineras, de complejos constructivos que han arrasado lugares de profunda importancia cultural, hablemos de extensos territorios arrebatados por medio del engaño, la falacia legal, cuando no del despojo por la fuerza. 

En ninguna parte se reconoce que la invasión de plantaciones de especies impropias del ecosistema sureño es una decisión profundamente ideológica que busca degradar la tierra para hacerla insolvente desde el punto de vista de permitir la vida humana en ella. 

Tanto o más que negocio, la plantación industrial es un arma.

Entender la tierra como un bien transable que se entrega para acallar un reclamo, falsea la historia porque para lo mapuche la tierra tiene que ver con una esencia que la cultura chilena no ha querido entender. 

En síntesis, se busca lo que se ha buscado durante dos siglos: que ser mapuche sea entendido como un accidente lingüístico o una opción del folclore sureño porque en realidad todos somos chilenos, aunque unos más morenos que otros.

Así, el gobierno deja en manos del Ministro de Economía los planes que buscarán superar el estado de la economía de esas zonas donde están las diez comunas más pobres del país. 

Una nueva solución venida desde el centralismo blanco y chileno que busca sacar de la pobreza al mapuche por la vía de chilenizarlos, sin interés alguno en desarrollar un reforzamiento de las condiciones que permitan, a una sociedad diferente a la chilena, desarrollarse integralmente según sus modos y costumbres, según su cultura y cosmovisión. 

El presidente Boric habló al país con un ejemplar del Tratado de Tapihue del año 1825 en el podio. En él se reconocía el río Biobío como la frontera natural entre ambos pueblos, con la prohibición de que chilenos habitasen al sur del río. Este tratado jamás fue derogado.

No se sabe cuántas iniciativas en esa dirección ha habido desde que Chile avanzó hacia esos territorios buscando extinguir un pueblo. 

Todas han fracasado.