Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
Aunque la oligarquía, sus partidos y sus medios de desinformación lo quieran para soslayar la desigualdad, en Chile no todo es crimen organizado, delincuencia y narcotráfico: también están las necesidades sociales de la población que durante largos años no han tenido una respuesta adecuada y la urgencia de poner término a los antivalores que dejó la dictadura como oprobioso legado.
Esas necesidades vitales que siguen pendientes y las secuelas del pinochetismo que todavía oscurecen la vida de los chilenos que carecen de lo mínimo, deben comenzar a enfrentarse cuanto antes sobre la base de la unidad y la movilización del pueblo y sus organizaciones sociales que no son consideradas en absoluto por los sectores acomodados que se oponen a cualquier tipo de cambios.
Los dueños del dinero se imponen sin contrapeso, acrecientan la concentración económica, hacen el país a su amaño y dejan de lado las aspiraciones de las clases populares, aunque ello signifique dolorosas pellejerias de las que muchos no consiguen recuperarse en medio de un sistema socioeconómico que no solo es injusto y miserable sino que está asentado en la discriminación y la exclusión.
El caso del jubilado que quiso quemarse a lo bonzo desesperado por su situación a causa de la paupérrima pensión que recibe da cuenta de ello. Es otro dramático testimonio de la cruda realidad en que viven millones de personas desposeídas, de edad avanzada, a la vista de todos y ante la indolencia y el desinterés de la casta política decadente.
Se trata de un intento de suicidio de un adulto mayor que ve transcurrir sus días en situación de abandono y sin los afectos que requiere. Su soledad y sus penurias se agudizan por la degradante cantidad mensual que le asigna el sistema previsional privado al cabo de toda una vida de esfuerzo y de trabajo.
Este hecho ocurrido en dependencias de Chile Atiende en Valparaíso es consecuencia de seguir permitiendo la existencia y los abusos de las AFP, que hace años debieron ser borradas del mapa. En plena dictadura fueron creadas con el exclusivo propósito de seguir enriqueciendo a sus dueños, vinculados a negocios de grandes transnacionales, y nunca ha habido allí un mínimo respeto por la dignidad de los usuarios, esto es, la tercera edad.
En el último gobierno de la ex Concertación sobresalió el multitudinario movimiento “No Más AFP” destinado a terminar con este tipo de empresas convertidas en máquinas tragamonedas en favor de sus propietarios. Sin embargo, ese objetivo se estrelló contra un murallón de políticos contrarios a los cambios, que consiguieron frenar y diluir ese movimiento que hoy permanece inactivo.
Dejar la previsión social y los demás derechos ciudadanos en manos de acaudalados inversionistas cuyo único norte es incrementar sus patrimonios y sus redes de influencia es contrario a lo que necesita el pueblo. La dictadura y la ex Concertación basaron sus políticas en la privatización de Chile de norte a sur para lo cual privilegiaron a los que tienen más en desmedro de las grandes masas populares que no disponen de acceso al dinero, viven lejos de las posturas conservadoras y no existen para los medios de comunicación manipulados por la oligarquía.
En Chile los derechos sociales individuales están controlados por el mercado financiero que a diario se burla de las urgencias de millones de pobres y menos pobres que no solo son maltratados y explotados, sino que no tienen a quien ni a dónde recurrir para dar cuenta de los abusos a que se les somete. La ausencia del Estado se hace notar porque fue reducido y minimizado por la tiranía castrense, pero hasta ahora nada indica que vaya a retomar su papel rector en la sociedad chilena al menos en un plazo mediato.
El mercado omnipresente lo absorbe y lo corrompe todo solo contribuye a la desigualdad y es factor preponderante en las injusticias que se cometen todos los días como es el caso registrado en Valparaíso protagonizado por un jubilado empobrecido que pareciera que recibe sobras. La clase política únicamente ha tenido comentarios de buena crianza, pero no da ninguna certeza de que se vaya a producir algún cambio significativo cómo sería un aumento sustancial de las pensiones y en general una sociedad de cuidados que merecen quienes llegan a la vejez.
Un reciente estudio de la Universidad de Chile informa de la inseguridad alimentaria, de moderada a severa, en que se encuentran gran parte de los ancianos en el país. Ello se debe a la precariedad de sus ingresos, al alto costo de los alimentos y al hecho de que las pensiones son muy bajas.
La falta de recursos acorta la vida de 3 millones de personas de más de 65 años. Según este estudio hay adultos mayores que pasan un día entero sin ingerir alimentos. No hay nadie que se preocupe de ellos, menos los políticos que solo están pendientes de una próxima candidatura. Hay quienes piensan que en la sociedad actual las personas de mayor edad “ya no sirven”.
El proyecto de ley que reajusta las pensiones – con largos años de tramitación - se encuentra en el Senado y vive semanas decisivas para alcanzar un acuerdo entre las bancadas parlamentarias que no tienen ningún apuro por ponerse en los zapatos de los afectados. Con expectación se espera el plazo final para su despacho, que es enero de 2025, fecha en que tendría que empezar a acabar este profundo drama social.
Chile mantiene una deuda enorme con los jubilados en materia de pensiones, dignidad y cuidados. Al paso de los años esa deuda se ha ido acrecentando y aumenta la certeza de que se está cometiendo una gigantesca injusticia, por lo que con voluntad hay que apresurarse para saldar cuanto antes.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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