Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
Un elevado porcentaje de chilenos que llega casi a la mitad de la población, según el Centro de Estudios Públicos, CEP, no está interesado en la propuesta de nueva Constitución Política cuyo plebiscito de salida de este domingo 17 de diciembre será con voto obligatorio y millones de hombres y mujeres acudirán a las urnas solo para evitar una multa, sin descartar que en caso de triunfar la opción en contra sea convocado un tercer proceso constitucional en corto tiempo.
El desinterés nace como consecuencia de que el actual proceso constituyente no tiene una raíz ciudadana y permaneció siempre lejos de las necesidades del pueblo con las cuales no se identificó, no se hizo suyas, no tomó en cuenta ni quiso integrar al pobre debate que se desarrolló en los últimos meses.
En realidad no hubo el debate esclarecedor que podía esperarse porque lo que ocurrió es que la ultra derecha – el Partido Republicano y Chile Vamos – pasó sin impedimento alguno una aplanadora sobre los sectores progresistas esta vez en minoría que carecieron de la fuerza necesaria para reaccionar.
De nuevo no se consideró una Asamblea Constituyente y todo se generó desde las cúpulas de los partidos desacreditados, sin credibilidad y que suelen excluir la participación popular. En su lugar se introdujo una “comisión de expertos” cuyos miembros nadie eligió sino que fueron designados a dedo por las dirigencias partidistas.
Aunque la participación ciudadana es eje vital de la democracia no hubo pueblo, no hubo representantes sindicales ni poblacionales ni territoriales, y las regiones quedaron afuera. Únicamente se constató la presencia de académicos y en especial de abogados que en su mayor parte tenían absoluto desconocimiento de lo que se vive en la calle, o si lo sabían ello nunca les importó.
Ante la falta de una alternativa popular, muchos se disponen a anular el voto. Se trata de la posibilidad de expresar una categórica protesta ante la ausencia de valores esenciales que no corresponde a las legítimas aspiraciones por cambios estructurales que demandan las grandes mayorías marginadas.
Las enormes multitudes que marcharon durante el estallido social levantaron como su principal bandera de lucha el cambio de Constitución, para contar con una Carta Magna democrática y ciudadana, y así terminar con el bando militar ampliado de 1980 dejado por la dictadura. Sin embargo, aprovechando su dinero y redes de influencia la extrema derecha se apropió inesperadamente de la situación, la manejó, llenó el vacío que se producía y terminó dando un vuelco al panorama y tratando de engañar a la gente que exige cambios sustanciales.
En una disyuntiva a todas luces fuera de la realidad el electorado deberá pronunciarse por prolongar la Constitución de la dictadura, muy mala o pésima para el pueblo, y lo peor, la nueva propuesta elaborada por representantes de la oligarquía que significa impresentables retrocesos para la gente que aspira a un destino mejor. La derecha quisiera haber colocado a los chilenos en un callejón sin salida, con dos opciones deplorables.
Ninguna supera a la otra. La Constitución militar impuso un modelo neoliberal profundamente discriminatorio marcado por la desigualdad y los abusos; fomenta la concentración económica por parte de una minoría mezquina; da prioridad al mercado desregulado como un gran negocio de unos pocos por sobre el Estado que es de todos, y deja instaladas esas máquinas tragamonedas con el nombre de AFP e Isapres con la única finalidad de enriquecer a sus dueños.
Claramente se advierte que el texto que será votado es clasista y tiene grandes vacíos: la desigualdad social que es lejos el principal problema del país es ignorada y no asoma ninguna idea o proposición para al menos disminuirla. De tal manera, seguirá siendo el origen de las incontables ruindades que agobian cada día a la población.
Esta propuesta presenta un inaceptable retroceso en derechos en los que se había avanzado significativamente y en que las mujeres son las grandes perdedoras. No pasa de ser un programa de gobierno o un traje a la medida para los presidenciables fascistas que pretenden llegar a La Moneda.
El texto que será plebiscitado es tan excluyente como la presidenta de la Convención Constitucional que lo preparó. Ella es una señora de apellido Hevia, que vive en una burbuja pinochetista y que habla con naturalidad de “los verdaderos chilenos” en su discurso divisionista y provocador. Obviamente entre esos “verdaderos chilenos” no están el pueblo ni los pobres ni los manifestantes del estallido social, que se aprontan a marcar en contra.
Este remedo de Carta Magna democrática no se refiere a los merecimientos personales, el talento y la capacidad de cada chileno, como factores fundamentales que aseguran su bienestar y proyecciones. Solo se garantiza que aquellos pocos que poseen mucho dinero continuaran imponiendo su criterio y sobreponiéndose a los demás, perpetuando los dolores y las angustias de los desposeídos.
Con tiempo suficiente por delante – dos años – el gobierno quedará en condiciones de convocar a un tercer proceso constitucional que a estas alturas es no solo conveniente sino necesario. No faltan los que se niegan a ello – en especial parlamentarios que fueron de la desaparecida Concertación – que muestran pereza y desidia que se acomodaron en el modelo depredador y no quieren perder los privilegios que han tenido en los últimos 30 años. Esa actitud retrógrada debe ser superada por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.
Chile no da más con el actual sistema, que se traduce en desigualdades, abusos, mercantilismo y corrupción. Por eso las grandes mayorías populares votarán “en contra”, sin odios ni revanchismos, sino que enarbolando insustituibles valores como la equidad, la participación, la inclusión, y la justicia social para todos, que se esperan en un nuevo y próximo proceso constitucional.
Hugo Alcayaga Briso
Valparaíso
