INJUSTIFICADO ESCÁNDALO DEL NEGACIONISMO

Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO

              El marcado negacionismo de determinados sectores  de la sociedad chilena  alejados de la realidad llega a tal punto que los lleva a afirmar que las atrocidades y fechorías cometidas en el pasado reciente contra las clases populares no existieron y que no vale la pena  considerarlas ni tomarlas en cuenta.

              Esos sectores reaccionarios no reparan  en que el pueblo se vio conmocionado por una dictadura que perpetró un genocidio que duró 17 años, que instaló  un terrorismo de Estado repudiado en el mundo entero y que las dolorosas secuelas permanecen en las grandes mayorías hasta el día de hoy.

              Muchos de los asesinatos, ejecuciones y desapariciones forzadas se encuentran en la impunidad ya que en el penal de Punta Peuco solo hay un pequeño grupo de criminales que aunque estrictos seguidores del pacto de silencio dejado por el dictador no alcanzaron a escapar de la acción de la justicia.

              Cómplices de los genocidas han tratado ahora de armar un escándalo con el caso de una persona  que figura  como detenida desaparecida  en el Informe Rettig.   Según  un canal de televisión, sin embargo, esta persona estaría  con vida y radicada en Argentina, específicamente en la localidad de Miramar.

              Bernarda Vera Contardo, entonces de 27 años, profesora y militante del MIR, fue detenida por una patrulla militar el 10 de octubre de 1973. El Informe Rettig señala que ella junto a otras personas fue ejecutada en el puente Toltén y su cuerpo nunca fue hallado. Al parecer hubo un error al momento de identificar los cadáveres acribillados.

              La investigación del canal de televisión sostiene que Bernarda Vera logró salir de Chile, vivió un tiempo en Suecia y actualmente – hoy cerca de los 80 años – se encuentra en territorio argentino. En Santiago permanece su hija que dice no haber visto a su madre ni ha sabido nada de ella desde hace 52 años. El terrorismo de Estado mantenía en esa fecha a la población sumida en el horror, sin que hubiera donde acudir  para tener la certeza de la verdad.

              Un caso – uno – en más de 1.460 desaparecidos es lo que se conoce como error estadístico. Mientras mayor es el número de asuntos  de un todo, mayor es también la posibilidad de que se incurra en algún error.  Ello probablemente pudo haber ocurrido respecto de esta situación.

              La extrema derecha ha recurrido a la contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, y no faltan los que proponen  una infaltable comisión investigadora en el Parlamento.  Su objetivo es encontrar más casos similares, no se convencen que este hecho es aislado y excepcional, nunca lamentaron la pérdida de tantas vidas  en la dictadura y quisieran el hallazgo de más personas defraudando al Estado, para hacer tambalear el mundo de los derechos humanos y el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos.

               De una u otra manera nada justifica el festín que ha querido darse la ultra derecha con lo sucedido. Con ello ha encontrado otro elemento para denostar y tratar de mentiroso al gobierno, con la habitual desfachatez con que suele desempeñarse ante el beneplácito de los medios de comunicación manipulados por la oligarquía.

              Aparecen encabezando está furiosa reacción las bancadas pinochetistas del Congreso, con la argumentación  de que “si apareció una persona viva que estaba en la lista de fusilados,  quizás pudieran aparecer dos, o más… y si hay condenados por estos hechos, sería tremendamente injusto. Seguramente hay condenados por error, no solo en Punta Peuco, sino en todas partes. Tenemos que investigar”.

              Con ello buscan afianzar la campaña que llevan a cabo para poner en duda las resoluciones judiciales  y conseguir la libertad de los violadores de derechos humanos que permanecen  en establecimientos penales. Su ofensiva ha  alcanzado al ex ministro de Justicia y actual titular de seguridad, Luis Cordero, asegurando que estaba al tanto de la situación  de Bernarda Vera.

              Como pretexto la derecha  no acepta que la hija de Bernarda siga recibiendo una pensión. El sufrimiento que ha padecido esta familia desmembrada – como tantas en Chile – no alcanza a ser reparado, no obstante, por esta pensión pagada por el Estado. No hay plata para pagar el espantoso drama de millones de chilenos durante la dictadura.

              Años atrás cuando todavía quedaba en el país alguna prensa independiente, el diario La Nación en su edición del 12 de septiembre de 2004 hizo una incontrastable denuncia que nadie ha salido a asumir con la premura con que hoy actúa  la derecha fascista.

              Allí se asevera que entre los años 74 y 75 marinos lanzaron al mar frente a San Antonio a entre 50 y 100 compatriotas desde el remolcador Kiwi, según un expediente judicial  instruido por el ministro Alejandro Solís. Eran presos sacados por la Dina desde Tejas Verdes, Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas. Los cuerpos habían sido entregados a la Armada y fueron arrojados al mar en una operación coordinada desde la gobernación marítima de San Antonio.

               De ellos nunca más se supo ni hubo alguna declaración de las FF.AA. y ni siquiera alguna palabra de los políticos decadentes. El caso de Bernarda Vera, producido a causa de un error en tiempos vertiginosos de pavor  y espanto en la ciudadanía, no merece tanto alboroto ni intento de aprovechamiento político por parte de las minorías antipopulares.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso