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LA AGENDA PUBLICA DISTORSIONADA

Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO


Arrogándose atribuciones que no tiene  y aprovechando la debilidad de este gobierno  que cede con facilidad, la extrema derecha se obsesiona en su objetivo de apropiarse  solapadamente de la agenda nacional para instalar asuntos  que son de su exclusiva incumbencia, que son ajenos al pueblo y que restan tiempo y espacio a las urgencias sociales de la población.

En este año electoral a través de la casta política adocenada que se opone a los cambios y de sus innumerables medios de comunicación que desinforman a diario con impresentable descaro, los dueños del dinero tratan de priorizar sus mezquinos intereses en desmedro de las necesidades de las clases populares.

 La realidad en Chile está distorsionada a tal punto por esos intereses que las mayorías que han esperado largos años por una debida atención y soluciones efectivas ven con desaliento como su lugar es ocupado por instancias menores que en definitiva solo tienen un trasfondo político.

Es el caso del ex militar venezolano de apellido Ojeda  que ha estado en la portada de todos los medios controlados por la oligarquía, postergando la difusión de las necesidades básicas que realmente preocupan al pueblo. Este ex teniente había sido expulsado del ejército de su país y buscado refugio en Chile luego de ser sorprendido participando en una conspiración destinada a destituir y asesinar al presidente Maduro, elegido y reelegido democráticamente, y que está en la mira del imperio norteamericano por su firme propósito de construir una sociedad socialista.

              Los chilenos no olvidan que fue el imperialismo yanqui el que hace 50 años por medio de un grupo de generales y almirantes sediciosos derrocó al presidente socialista Salvador Allende, que gobernaba en favor del pueblo y la clase trabajadora. Tras ello comenzó una brutal dictadura genocida que bajo terrorismo de Estado se mantuvo en el poder durante 17 interminables años y cuyas dolorosas secuelas se prolongan hasta hoy.

              Entre esas múltiples secuelas están la desinformación y la deformidad que imponen el poder del dinero. Desde la última vez que se supo de Ojeda, el 21 de febrero hasta ahora su situación pasó a copar la agenda nacional, lo que es demasiado considerando que este ex militar estaba acusado en su país por traición a la patria.

              Por semanas ha estado vigente su desaparición, el hallazgo de su cadáver, las especulaciones interesadas por involucrar no solo al gobierno de Venezuela sino también al de Chile, etc.. La Fiscalía Nacional lleva a cabo una intensa investigación sobre su trayectoria política y su relación con otros ex militares de esa nacionalidad, una treintena, que también permanecen aquí como asilados. El fiscal Barros apunta directamente al Tren de Aragua, organización criminal transnacional según estimación de algunos.

              Ni el llamado Tren de Aragua ni la criminalidad internacional centran la atención del pueblo, que está preocupado de sus propias carencias que esperan hace largo rato. Por eso llama la atención que el Senado de la República haya efectuado una sesión especial para opinar sobre lo acontecido, en circunstancias que no lo ha hecho para abordar y sancionar múltiples violaciones de los derechos humanos – secuestros, desapariciones y muertes – que han afectado a otras tantas familias chilenas y que están pendientes desde la dictadura.

              El presidente del Senado (Coloma, UDI) dice que lo sucedido a Ojeda es espeluznante y que ha remecido la conciencia internacional, como no se había dado en las últimas décadas. Quizás tenga mala memoria o simplemente quiere dejar de lado lo que aconteció hace cinco décadas, cuando fue bombardeada La Moneda con el presidente constitucional en su interior, luego comenzó una sanguinaria tiranía genocida que dejó sobre 5 mil personas asesinadas,  incluyendo unos 1.400 detenidos desaparecidos y crímenes tan espantosos como el de los degollados y los quemados vivos.

              En el Parlamento nunca ha habido sesión especial alguna para condenar el genocidio ni otros escándalos tan vergonzosos como el de las guaguas robadas a sus madres sumidas en la pobreza, las que luego eran vendidas en el extranjero a familias acomodadas bajo la figura de la “adopción”. Este canallesco delito reflotó al llegar  a Santiago recientemente  cinco ciudadanos norteamericanos para conocer a sus verdaderas familias, según investigación de una fundación internacional. El arribo de estas personas fue el 18 de febrero, tras lo cual 72 horas más tarde se conoció el caso de Ojeda que de un momento a otro sacó del primer plano a todo lo demás.

              Más allá de la suerte corrida por ese extranjero  cercano al imperialismo, miles y miles de familias chilenas  afrontan serios problemas: en Viña del Mar hay damnificados por los incendios  que están comiendo en ollas comunes, durmiendo en carpas y denunciando abandono. Su dramática situación no es tema que le interese a la derecha opulenta, porque los afectados son puro pueblo.

              Tampoco tienen espacio las demandas postergadas de las clases populares que parecen eternas porque no son escuchadas por la autoridad. Anualmente mueren sobre 40 mil pacientes en listas de espera de los hospitales públicos, en tanto no se crean los puestos de trabajo que faltan  pero por “necesidades de la empresa” aumentaron los despidos en un 11,5% en 2023 respecto al año anterior. Por primera vez los deudores morosos del CAE llegan al 54%, esto es, más de los que pueden cumplir este compromiso, todo lo cual reafirma la crisis económica por la que atraviesan las familias chilenas modestas que viven en la incertidumbre.

              Los problemas de carácter socioeconómico de las grandes mayorías no aparecen hoy en la agenda pública, cuya distorsión provocada por la derecha pinochetista es también un aprovechamiento político que apunta  contra las aspiraciones del mundo progresista  impedido de procurarse mejores condiciones de vida y un futuro estable.

              Una mayor participación popular contribuiría  a una preocupación prioritaria  por la pobreza, el desempleo y los ingresos, en cuyo lugar  hay  estrechos intereses conservadores que prefieren una continuidad en que nada cambie.

 

 

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso




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