Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
Mientras avanza el trabajo de la Convención Constitucional que debe pronunciarse sobre transformaciones estructurales en el país, el periodismo chileno alienta el propósito de que en la nueva Constitución quede garantizada la democratización de la prensa nacional en la actualidad bajo la lógica del mercado y sometida a la voluntad oligárquica de los dueños del dinero.
En este mes en que se conmemora el día de la prensa (13 de febrero) el país afronta - y desde hace décadas – la penosa realidad de que el periodismo informativo está relegado a un discreto segundo plano, porque lo que se entrega a la población es lo que deciden los poderosos, los propietarios de los medios, que son los mismos que ostentan la grosera concentración económica de donde surgen las desigualdades.
Chile desinformado es una de las características sobresaliente del modelo neoliberal, que intenta ocultar o soslayar los abusos, las injusticias, la discriminación y la corrupción que son los ejes centrales desde los cuales se desenvuelve solapadamente el sistema vigente que engaña a la gente carente de recursos.
A la información en manos de grandes empresarios privados se agrega la mezquindad del Estado, convertido desde la dictadura en otro agente del neoliberalismo que durante años se ha negado a apoyar a los medios independientes que ahogados por al falta de financiamiento han ido desapareciendo uno tras otro. Se mantienen en pie los diarios del duopolio El Mercurio – Copesa, que asegurados por fuertes ingresos publicitarios estatales, llevan a cabo la vocería del modelo.
En Chile no hay ningún diario independiente en papel de circulación nacional, desde el 11 de septiembre de 1973. El caso de “Clarín” de abierta postura anti oligárquica es elocuente: fue expropiado por los militares golpistas y nunca devuelto a su legítimo propietario Víctor Pey, que fuera amigo cercano de Salvador Allende. Los gobiernos de la transición, atados a las elites y los poderes económicos, siempre bloquearon el regreso de “Clarín” a las calles.
Llama por ello la atención que a través de su presidente Juan Díaz, la Asociación Nacional de la Prensa haya acudido a la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional para una férrea defensa de la libertad de expresión y la autonomía editorial. Estos son valores que dejaron de tener vigencia en el país hace largo rato.
Dice Díaz que “en un contexto democrático tenemos una responsabilidad social, que es informar a la sociedad y favorecer la formación de opinión”. Obviamente el dirigente empresarial no se acordó de apelar a la democracia cuando diarios y revistas de mirada crítica al modelo de desigualdades tuvieron que cerrar sus puertas de manera involuntaria.
Entre las publicaciones forzadas a desaparecer debido a insuperables problemas financieros estuvo Punto Final, emblemática revista popular que circuló por 52 años hasta marzo del 2018. En su última edición su director, el periodista Manuel Cabieses Donoso, afirmó que los medios independientes no cuentan en Chile con apoyo del Estado para hacer un periodismo de opinión e información, y denunció que lo que tenemos es una dictadura del pensamiento único impuesto por el poder del dinero.
Este es uno de los países en que existe una mayor concentración de la propiedad de los medios, detentada por una minoría que se ha adueñado de todo. El cacareado periodismo informativo que caracteriza a la “democracia” chilena no es tal, sostiene Cabieses, sino que hay aquí una cultura conservadora, racista y mezquina que garantiza la sumisión del pueblo al orden capitalista neoliberal.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que aseguran el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Pareciera que lo que existe en Chile es una mordaza encubierta al amparo del Estado.
La idea del gremio periodístico es impulsar la subsistencia y creación de medios de comunicación escritos, audiovisuales y electrónicos, nacionales, regionales y barriales que den cuenta del pluralismo y la diversidad política, social y cultural que hay en Chile.
Por carecer de recursos económicos hay millones y millones de chilenos que no tienen derecho a voz en ninguna parte, y consideran que la libertad de expresión no pasa de ser una farsa: es lo que hoy tiene la posibilidad de reparar y enmendar la Convención que trabaja por una nueva Constitución.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
