Autor: HUGO ALCAYA BRISSO
El plan "calles sin violencia" ha cumplido un año desde su puesta en marcha sin que a la fecha haya los resultados requeridos pese a los contundentes recursos públicos entregados a las policías y a los organismos gubernamentales de seguridad, en tanto que las demandas populares que esperan por largo tiempo son dejadas de lado y olvidadas: en Chile sigue predominando la desigualdad.
"Calles sin violencia" es uno de los programa estrella de la actual administración - el electorado no votó en su favor porque no estaba en el programa original de gobierno - y su estrategia consiste en una intervención policial coordinada entre La Moneda, Carabineros, la PDI y el Ministerio Público para enfrentar los delitos más graves, en especial los homicidios con armas de fuego en la vía pública.
Abarca 46 comunas a nivel país que concentran el 53% de la población y donde ocurre la mayor cantidad de crímenes, por lo que se intensificaron los patrullajes policiales reforzados. La persecución policial efectiva y la fiscalización de infractores son también factores relevantes, pese a lo cual hay delitos que siguen produciéndose todos los días y con alarmante frecuencia.
Hay quienes consideran y con fundamentos, que este plan podía haberse implementado bajo el nombre de "calles sin cesantía", porque allí en gran medida está el origen de la crítica situación que se registra hoy. El desempleo y la falta de oportunidades son determinantes: sin un trabajo formal y estable no hay ingresos, ni bienestar, ni tranquilidad, ni expectativas de una vida digna.
La cesantía continúa sumando números rojos, en gran medida por los despidos masivos en el sector privado a raíz de lo que se llama "necesidades de la empresa" (hubo 86 mil personas afectadas en los dos primeros meses del año). En el último trimestre la cifra oficial de desocupación marcó un 8,7%, en momentos en que aumenta la informalidad, no se crean los empleos suficientes y hay una multitud de jóvenes que buscan trabajo por primera vez y en lugar de ello reciben un portazo.
Este gobierno no puede pasar por alto que fue elegido por el pueblo entusiasmado entonces por los anuncios de transformaciones estructurales y cambios refundacionales, ninguno de los cuales asoma hasta ahora. Las necesidades sociales de la calle no son tomadas en cuenta, porque las autoridades políticas no pueden evitar las imposiciones de la derecha obstruccionista.
Chile no es solo crimen organizado - legado de la dictadura - ni bandas criminales, ni asaltos, portonazos o narcotráfico, como lo muestra la prensa controlada por la oligarquía y como lo quisieran los políticos contrarios a los cambios. Pero los delitos no salen de la nada: los sectores reaccionarios hablan todos los días de inseguridad para evitar referirse a la desigualdad, lacra neoliberal que es el origen de las calamidades que agobian a la sociedad chilena.
Pareciera que el país necesita una agenda de seguridad pública con decenas de leyes sobre inteligencia, antiterrorismo, uso de la fuerza, más atribuciones a las policías y hasta la creación de un nuevo ministerio, pero no es así. Para la ciudadanía es urgente un programa de protección social que incluya prioritariamente los derechos esenciales de las personas que les permita vivir con dignidad, bienestar, tranquilidad y expectativas a futuro que el actual estancamiento no considera.
La reciente conmemoración del Dia de los Trabajadores estuvo marcada por la decepción de las masas laborales, castigadas por la marginación y el olvido. Las mayorías, distantes de las cúpulas elitistas, están cansadas de esperar el cumplimiento del programa progresista prometido hace poco más de dos años.
Al menos en este primero de mayo la CUT se sacudió de la modorra que la envuelve gran parte del año, sacó la voz y golpeó la mesa para demandar un salario mínimo de acuerdo a las circunstancias. En medio de una inflación desatada y un fuerte endeudamiento, la Central Unitaria está exigiendo un salario vital de 630 mil pesos antes de que se vaya el gobierno que hoy rige a los chilenos.
Según la multisindical, ésta es la cantidad mínima que requiere una familia de cuatro personas para llegar a fin de mes. Hasta ahora el gobierno se contentaba con los 500 mil pesos ofrecidos a contar de julio próximo. Suma que a la luz de la carestía generalizada y de los diarios abusos del mercado resulta insuficiente.
De llegar a concretarse, lo solicitado no conseguirá aminorar los irritantes niveles de desigualdad económica que de tanto prolongarse semejan algo natural. Solo contribuirá a que muchas familias puedan salir de bajo la línea de la pobreza en que se encuentran por disposición del modelo neoliberal que viene de la dictadura.
La clase trabajadora ha comenzado la lucha por un salario vital que realmente cubra las necesidades básicas de las familias chilenas, en muchas de las cuales el jefe de hogar no tiene empleo y las deudas van en aumento. Ello debe ser parte de una política salarial integral implementada por la autoridad económica, con menos de dos años por delante para cumplir esa tarea.
Empleos decentes con remuneraciones justas, la superación de la economía informal y el respeto a los derechos de los trabajadores y del mundo popular, constituyen aspectos relevantes para empezar gradualmente a disminuir la escandalosa desigualdad que deriva en la inseguridad que se registra hoy en Chile.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
