SIN IGUALDAD NO HAY SEGURIDAD

Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO

                Al informar a la ciudadanía sobre el presupuesto general de la nación 2026, el presidente de la República no hizo alusión alguna al principal problema que aflige al pueblo, la enorme brecha  de la desigualdad socioeconómica que es también el origen de lacras tan dolorosas que angustian a la población  como son la inseguridad de cada momento, la delincuencia a cualquier hora y en cualquier lugar y las redes de narcotráfico  que operan en el país.

                 En Chile se ha hecho costumbre no hablar de ello desde el tiempo en que se anunciaba otra sociedad y necesarias transformaciones y refundaciones, nada de lo cual se concretó debido a la llegada a La Moneda de un sector político fracasado años atrás, contrario a los cambios y que puso freno a las aspiraciones populares largamente postergadas.

                 Es definitivo: en los pocos meses que le quedan a este gobierno no habrá un último esfuerzo por una reforma tributaria, ni por una justa distribución de la riqueza ni menos por un impuesto a los superricos, que fue una idea de la Izquierda parlamentaria que entusiasmo a la gente empobrecida por el modelo neoliberal a mediados de la década pasada.

                Las desigualdades – junto a las privatizaciones, el mercantilismo y la corrupción – constituyen la base del modelo legado por la dictadura, prolongado por la era concertacionista y que hoy agobian a millones de chilenos que viven a duras penas, sin casa propia ni empleo formal, con fuertes deudas, absoluta incertidumbre y sin un peso en los bolsillos.

                A estas alturas los 6 principales grupos económicos del país están invirtiendo millones de dólares en la ampliación de sus negocios en el extranjero, mientras en sitios eriazos de Chile con maquinaria pesada y un numeroso contingente de carabineros se procede a la demolición de miserables campamentos de tránsito por orden judicial. Los afectados están comiendo en ollas comunes y no tienen donde dormir. Muchos de ellos son cesantes a tiempo completo.

                Si no hay igualdad difícilmente se podrá combatir la inseguridad, porque ha quedado demostrado que no basta con represión, tribunales y cárcel. Tampoco con generosos recursos fiscales para más policías, equipamiento y última tecnología, ni más rondas preventivas ni redadas masivas, o más leyes en el Congreso, ni más inteligencia natural o artificial. Una gran cantidad de delitos continúa produciéndose todos los días puntualmente y sin faltar una sola vez.

                Este primero de octubre se han cumplido seis meses de la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública, lo que era visto como una gran solución por el gobierno. Más aún si al frente se ubicó a un ministro de gran prestigio y capacidad y a una subsecretaría criteriosa, pero cuyos merecimientos no les alcanza para contener la violenta ola delictual que viene de atrás y tiene sus raíces en necesidades sociales que la casta política ha evitado atender.

                Pareciera que hay quienes no quieren aceptar que hay una nueva Secretaría de Estado, no lo admiten o lo ignoran, porque a diario continúa el crimen organizado, aunque no con la perfección que lo hizo la dictadura. También siguen registrándose con inusitada frecuencia, homicidios y balaceras en la vía pública, asaltos, robos, turbazos, portonazos y encerronas, como si fuera algo natural e incorporado a la vida normal de la ciudadanía.

                Es más: da la impresión que desde el primero de abril – cuando entró en funciones la citada cartera – han surgido delitos nuevos y con más osadía por parte de los hechores. Tales sucesos no se habían registrado en las cercanías del domicilio particular del presidente de la República (barrio Yungay de la capital), ni asaltos a guardias de un regimiento (Maipo, en Playa Ancha) o a unidades de Carabineros (Labocar, Santiago) de donde se llevaron una veintena de armas de fuego.

                Años atrás, bajo terrorismo de Estado, era frecuente el secuestro de disidentes, que entraban a engrosar la larga nomina de detenidos desaparecidos. Esa ruindad estuvo ausente por décadas en el país, pero últimamente ha vuelto a la actualidad. Siguiendo los pasos del golpismo castrense ahora hay secuestradores que exigen fuertes sumas de dinero a los familiares de las víctimas.

                La participación de menores de edad en hechos delictuales hoy es común y corriente. Son niños que han desertado de la educación pública, que han dejado la pobreza de sus hogares y se integraron a bandas que cometen cualquier cantidad de actividades al margen de la ley, según consignan los partes policiales. Muchos menores, adolescentes o jóvenes nunca han tenido la oportunidad de nada en la sociedad chilena.

                Jóvenes y cesantes están cada día presentes en hechos delictuales que van sumando temor e incertezas.  En sus comienzos este gobierno dio inicio al programa “calles sin violencia”, que ha constituido un sonoro fracaso. Lo que correspondía en realidad era un programa para fomentar las calles sin cesantía ni deserción escolar, pero sí con oportunidades para todos.

                El actual gobierno desperdició la ocasión de haber creado – en vez de un Ministerio de Seguridad Pública – un Ministerio de la Igualdad, que es en definitiva lo que hace falta y merece el pueblo chileno. Una cartera de este tipo existe en otros países del continente para disminuir los niveles de inequidad e injusticia.

                No lo ha hecho la casta política, pero tendrán que hacerlo el pueblo y sus movilizaciones, porque hay que bajar los irritantes registros de desigualdad. Es la única manera de reducir las tasas de inseguridad que agobian hoy a la población indefensa, sometida a un oprobioso régimen mercantil en el cual el que tiene más dinero se lo lleva todo.

                Hay quienes creen que porque los políticos, los empresarios y los medios de comunicación no hablan del tema, la desigualdad no existe en Chile. Ello no es así: la desigualdad es sinónimo de injusticia y sigue provocando un severo daño a las grandes mayorías.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso